Ante una situación como la que estamos viviendo a consecuencia del Coronavirus surge la pregunta de si puede existir una responsabilidad del Estado por la inacción y los errores del Desgobierno Progresista que ora lleve a responder a los responsables personalmente ora lleve a indemnizar económicamente a los ciudadanos por los daños y perjuicios causados por las decisiones tomadas.
El Desgobierno que inicialmente acuñaba mensajes como «existe una posibilidad de infección muy baja«, «el riesgo está perfectamente delimitado«, «es como una gripe«, «nuestros hospitales serán capaces de soportar la presión«… ahora, con su habitual desparpajo, nos quiere vender mensajes como «España se encuentra entre los países más afectados del mundo«, «la ola más dura pondrá contra las cuerdas a nuestro sistema sanitario”, «lo peor está por llegar«, sazonados de justificaciones como «es una catástrofe para la que la humanidad no estaba preparada» para acabar mintiendo descaradamente con afirmaciones como «España ha seguido los consejos de los expertos internacionales«, «hemos aplicado en todo momento la estrategia de la OMS» y, todo ello, en evitación de la judicialización de su gestión, de su falta de previsión y de todos los errores acumulados en esta crisis por el Coronavirus. En Francia ya se han presentado las primeras denuncias.
En España el propio Gobierno ya ha reconocido que desde Enero conocía el problema, que en Febrero se acumularon las voces de Alarma particularmente desde Italia, que a primeros de Marzo renunció intencionadamente a frenar las aglomeraciones declarando “moderado” el riesgo para el país y sólo a partir del 9-M asumió la gravedad de la situación y comenzaron unas tibias actuaciones que luego desembocaron abruptamente en la declaración del Estado de Alarma el 14-M cuando mucho del daño ya estaba hecho. Por no hacer, ni encargó el material sanitario que le demandaban desde Enero. Frente a esto, las instituciones europeas llevaban tiempo pidiendo restringir las concentraciones multitudinarias porque «propagan el virus» mientras la OMS declaraba que el riesgo era «elevado». El resumen de todo lo encontramos en la declaración a El Mundo de una enfermera española en Milán: “En España se hizo una manifestación del 8-M cuando ya se sabía lo que venía. España ha perdido tiempo cuando se sabía lo que iba para allá«.
Las reclamaciones que ya laten también en España pueden ser individuales (afectados directos), colectivas (p.e. el colectivo sanitario…) o políticas (p.e. grupos de oposición…) y las vías pueden ser varias. Desde la vía penal, por la que se podría llegar a imputar a los responsables del Gobierno por delitos de lesiones u homicidios imprudentes por omisión, a la vía contencioso administrativa en busca de una responsabilidad patrimonial del Estado sobre la base del Art. 3 de la propia Ley Orgánica 4/1981 que regula los Estados de Alarma, Excepción y Sitio, que dispone que «quienes como consecuencia de la aplicación de los actos y disposiciones adoptadas durante la vigencia de estos estados sufran, de forma directa, o en su persona, derechos o bienes, daños o perjuicios por actos que no les sean imputables, tendrán derecho a ser indemnizados de acuerdo con lo dispuesto en las leyes«.
En definitiva, se va cociendo poco a poco un conjunto de iniciativas que convergerán en una avalancha de reclamaciones por el Coronavirus de distinto sesgo y alcance cuya evolución dependerá del acogimiento que de las mismas realicen los distintos Juzgados y Tribunales mientras crecen las voces que piden una compensación del Estado.