Hace poco comentábamos aquí (ver la entrada ‘La PPSOE y la Justicia’) el bloqueo impuesto al Poder Judicial concretamente por el PSOE a través de su reforma del 2021 sobre el CGPJ (LO 4/2021), refrendada después por el TC. Y es que a la PPSOE en general y al PSOE en particular no les interesa para nada que funcione el Poder Judicial porque muchas de sus correrías, pasadas, presentes y futuras, trascienden el Ordenamiento Jurídico.
Esta situación está afectando al normal funcionamiento de la Justicia con muchos puestos sin cubrir tanto por decesos como por jubilación acelerando la sobrecarga habitual de trabajo en los tribunales que, a su vez, está provocando que muchos jueces se jubilen de forma anticipada por cuestiones de salud laboral. El 55% de los que se han jubilado durante los primeros tres trimestres del año 2023 lo ha hecho de forma voluntaria y anticipada y también son mayoría los que se retiran antes de cumplir los 70 años. De las 74 jubilaciones durante los primeros tres trimestres de 2023, 41 son voluntarias y antes de cumplir los 70 años, frente a 33 que son estrictamente legales, esto es, al alcanzar la edad de jubilación. Así, esas jubilaciones anticipadas están estrechamente vinculadas con la sobrecarga de trabajo a consecuencia del aumento de la tasa de litigiosidad en España (37,8 asuntos por cada 1.000 habitantes) que arroja, por un lado, un 7,7% más de asuntos nuevos y, por el otro, un 4,7% menos de asuntos resueltos. Se trata de una situación endémica que provoca señalamientos para el año 2025 o 2026.
Para más inri, un tercio de los jueces se jubilará en los próximos 10 años (1.700) amén de los 200 que ya se han jubilado de forma anticipada en los últimos 5 años. Todo esto hace que los próximos tres años serán críticos en España donde la ratio de jueces se sitúa en los 11,4 jueces por cada 100.000 habitantes, por debajo de la media de la UE (15,4). Aquí, parece ser, que la armonización tampoco es tan necesaria. Por otra parte, el Plan Estratégico de RRHH en la Carrera Judicial para 2023-2032 habla de la necesidad de una oferta anual de entre 310 y 320 plazas de jueces durante la próxima década para garantizar el correcto desarrollo y funcionamiento de la Administración de Justicia. En total, según el CGPJ, el número de jueces y juezas que deberían integrar la Carrera Judicial de aquí a diez años asciende a 6.499, frente a las 5.799 plazas que existen actualmente (309 de ellas sin cubrir). No obstante, el Ministerio de Justicia no está ni se le espera: continuará la política de parches.
