Llevamos semanas comentando distintas actuaciones que objetivamente nos conducen hacia un Estado Autoritario por parte de este Desgobierno Comunista cuya gestión, nefasta en todos los demás órdenes, se concentra en lo único que saben hacer: en desmontar nuestro cada vez más debilitado Estado de Derecho para hacer otro a su imagen y semejanza, donde sobran todos menos ellos.
Vaya por delante que la participación política en la elección de los miembros del Poder Judicial va contra la necesaria separación de poderes y, en consecuencia, contra un Estado de Derecho puro y que esta cuestión, como muchas otras, debieron quedar solucionadas con la mayoría absoluta en ambas Cámaras que generosamente el conjunto de la ciudadanía otorgó a Mariano Rajoy (PP) y que luego éste no quiso utilizar. De aquellos polvos estos lodos. A pesar de todo aquello, la nueva Proposición de Ley para cambiar el sistema de elección del Poder Judicial puesta en marcha por el Desgobierno Comunista, después de una campaña para enturbiar a la opinión pública con los supuestos problemas que ocasionaban los mandatos prorrogados de algunos miembros del CGPJ desde 2018 –porque, precisamente, no hay acuerdo ni la mayoría cualificada necesaria para realizar tal renovación (necesitan 3/5 de las Cámaras)-, resulta inconcebible desde una óptica jurídica y también democrática.
Desde una óptica jurídica, la vigente LOPJ establece que 8 de los 20 vocales que conforman el CGPJ – deben ser propuestos por Congreso y Senado (a razón de 4 por Cámara) de entre juristas de reconocido prestigio mientras que los 12 restantes también los elegirán las Cámaras Legislativas (a razón de 6 cada una), siempre por mayoría cualificada de 3/5, de entre jueces y magistrados en activo. Lo que ahora pretende el Desgobierno Comunista –PSOE y PODEMOS- es que esos nombramientos, de los que dependen, a su vez, los nombramientos de los magistrados (TS, AN, TSJ y AP), se puedan realizar por mayoría absoluta en lugar de por la mayoría reforzada de 3/5 para que la Justicia esté, a partir de ahora, alineada con el gobierno que la nombra gracias a la “mayoría Frankenstein” de socialistas, comunistas, nacionalistas y etarras que alimenta ese cambio. Cambio que viene a romper definitivamente la separación de poderes y el mandato constitucional para alcanzar una mayoría en el CGPJ de 15 sobre 20 (sumarían los 12 nuevos vocales que se elijan en el Congreso y el Senado más otros 3 del turno de juristas que se han de renovar).
La maniobra se articula a través de una Proposición de Ley Orgánica, en lugar de un Proyecto de Ley emanado del Consejo de Ministros, para eludir los preceptivos informes a recabar entonces tanto del propio CGPJ como del Consejo Fiscal y del Consejo de Estado (previsiblemente negativos) además de lograr también una mayor celeridad en su tramitación. La vía para ello estará en la modificación del Art. 572 LOPJ introduciendo un texto de este cariz: “si en primera votación alguna de las Cámaras no alcanzase la mayoría requerida, se procederá a efectuar nueva votación, cuarenta y ocho horas después, en la que la Cámara correspondiente elegirá a los seis vocales del turno judicial por mayoría absoluta”.
Desde una óptica democrática también se descompensaría la representación de cada uno de los 20 miembros del CGPJ por cuanto 5 de ellos contarían con el respaldo de una mayoría reforzada (3/5 de ambas Cámaras) mientras que los nuevos 15 miembros sólo estarán respaldados por una mayoría absoluta (mitad más uno de ambas Cámaras) y, por lo tanto, con un menor apoyo y, sobre todo, con una menor legitimidad democrática.
Las casualidades, como casi siempre, no existen y al margen de que sea una maniobra calcada a la que realizó Hugo Chávez en el 2004 para controlar a la Justicia venezolana -y todos sabemos cómo le ha lucido el pelo a Venezuela desde entonces-, este cambio llega justo cuando el caso Dina-Iglesias está a punto de estallarle entre las manos a Pablo Iglesias personalmente (acusado de tres delitos, revelación de secretos con agravante de género, daños informáticos y denuncia falsa) mientras su partido acaba también de ser denunciado por financiación irregular y corrupción a través de la consultora chavista Neurona. Ahí ná más.
Las soluciones, en este momento, son escasas porque la mayoría Frankenstein rema a favor de la destrucción de las distintas instituciones y de los poderes del Estado que hasta ahora, con mayor o menor acierto, se contrapesaban entre sí para permitir el mantenimiento tanto del Estado de Derecho -que ahora comienza a tambalearse- como de la propia Democracia. Democracia que más pronto que tarde se verá comprometida si continuamos permitiendo la perpetuación de todas estas medidas autoritarias, tal y como ya está sucediendo en países de nuestro entorno como Polonia, Hungría y Turquía, mientras la siempre cobarde UE mira para otro lado y no los sanciona de ninguna manera (p.e. congelando cualquier ayuda europea mientras no acrediten una normalidad democrática y una separación de poderes equivalente a la de los países que al final rigen su destino y economía, fundamentalmente, Alemania, Francia y los “frugales”). Una vez más estamos en manos de una Europa que también se juega mucho en el terreno político si permite que la deriva autoritaria penetre en alguno de los grandes Estados Miembros.