La nueva EPA que publica trimestralmente el INE (1T2022) pone negro sobre blanco el abismo hacia el que nos encaminamos con 39,76M de ciudadanos con más de 16 años, de los que 30,55M se encuentran en edad de trabajar (entre los 16 y los 64 años) por lo que podemos hablar de dos grandes grupos respectivamente: 23,2M de ciudadanos activos (sumados los 20,1M de ocupados y los 3,1M de parados) frente a los 16,5M de inactivos. Esto significa que, en España, existen 71 personas inactivas por cada 100 ocupadas o en busca de empleo, lo que sitúa la tasa de actividad en el 58,50% y la de paro en el 13,75%.
Según el INE, existen 84.000 personas inactivas más que al cierre de 2020 y el problema de la “inactividad” se agudiza cuando, en lugar de analizar la media, vamos los resultados por provincias encontrando que en algunas esos inactivos (jubilados, pensionistas, estudiantes de más de 16 años, personas con incapacidad permanente, personas encargadas de las labores del hogar…) superan a los activos como en el caso de Orense en la que existen 137.900 inactivos frente a 129.900 activos (106,2%) o el de Asturias que roza el 100% (33 provincias de 50 superan dicha media del 71%). Lo mismo pasa si se pone el foco en las CCAA donde cinco presentan un número de inactivos por encima de la media nacional: Extremadura, Asturias, Cantabria, Galicia y País Vasco (muchas con niveles superiores al 85%) frente a la mejor de todas que vuelve a ser Madrid con un 56,49%. Estas personas inactivas se reparten entre los 6,64M de jubilados o prejubilados (40,29%); los 3,26M de estudiantes (19,87%); los 3,44M dedicados a las labores del hogar (20,86%); los 1,81M de pensionistas no por jubilación (11%); los 0,87M con incapacidad permanente (5,30%) y los 0,41M catalogados bajo el epígrafe “otros”. Respecto a la pasada crisis del 2008 los porcentajes han cambiado: entonces los pensionistas representaban el 46%, las amas de casa el 29%, los estudiantes el 15% y las personas con incapacidad permanente el 7,6%. Los factores de este cambio están en el paulatino e imparable envejecimiento de la población (hoy existen 1,4M de jubilados más), el aumento del tiempo dedicado a la formación y la incorporación de la mujer al mercado laboral.
Dicha EPA también refleja que en el 1T2022 se han destruido 100.000 empleos (92.900 en el sector privado y en 7.400 en el público) en comparación con trimestre anterior, lo que ha hecho crecer el número de parados en 70.900 truncando la tendencia positiva de los últimos cinco trimestres. Esto nos dice que la mini reforma laboral del gobierno no funciona, dejando 1,48M de hombres y 1,70M de mujeres parados, obligando a que el coste de cada persona “dependiente” sea financiado sólo por 1,8 personas activas (trabajando o en desempleo). Todo esto debemos combinarlo con el escenario de Deuda disparada cuando precisamente llega el tapering y la subida de tipos por parte de los Bancos Centrales para combatir una inflación que necesita de un pacto de estado –como también las pensiones- para que la misma y la propia economía pueda ser controlada (su relanzamiento posterior sólo podrá venir de una súper rebaja fiscal combinada con una drástica reducción del gasto público improductivo). Frente a esto vemos a unos sindicatos absolutamente desconectados de los auténticos trabajadores y de las clases menos favorecidas -como se pudo comprobar en sus escuálidas manifestaciones por el 1º de mayo- más dedicados a hacer política sin representar a nadie (este año los hemos visto defender a la ETA y la inmersión lingüística en Cataluña) y que, en el día del trabajo, no se les ha ocurrido otra cosa que pedir un aumento de salarios que ahora mismo sólo alimentaría la inflación y destrozaría a los más débiles. En definitiva, otro paso más hacia un abismo cada vez más cercano.