Mientras el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, encabezado por el Sr. Escrivá, otrora látigo del gobierno desde la AIREF, no para de presumir de 3M de parados y de hacer propuestas con el denominador común de suponer subidas y más subidas tanto de impuestos como de cotizaciones sociales -enfocado ahora contra el colectivo de Autónomos porque al de empleados ya le queda muy poca sangre que “chupar”-, propuestas que para Lorenzo Amor, presidente de la mayoritaria ATA, suponen «subir cotizaciones de forma desproporcionada, con la que está cayendo, entre un 33 por ciento y un 90 por ciento para 800.000 autónomos y bajarlas sólo un 15 por ciento para 1,2 millones de trabajadores por cuenta propia«, para el resto de analistas –supongo que “poco sofisticados”-, en España existen dos factores clave que atenazan al mercado laboral y, en consecuencia, al empleo: las cotizaciones sociales y las indemnizaciones por despido, que pasan por ser de las más caras de la OCDE y que actúan como un freno tanto para las contrataciones como para los salarios.
En cuanto a las cotizaciones sociales y a la carga fiscal global, el reciente informe “Taxing Wages” de la OCDE concluye que en España los trabajadores destinan un 39,3% de sus remuneraciones a pagar impuestos y cotizaciones sociales, cinco puntos más que la media de la OCDE. Carga fiscal que en España se ha incrementado en 28 puntos básicos, entre 2020 y 2021, mientras la media consigue reducirla en 0,06 puntos. Según el informe, el IRPF pesa un 11,3% sobre el salario (un 13%, en la media) mientras las cotizaciones sociales pagadas por las empresas suponen otro 23%, más otro 4,9% pagado por los trabajadores (frente a un 13,5% y un 8,2%, respectivamente, en la media), lo que claramente lastra la competitividad situando a España en el puesto 16 de 38 países respecto a la carga fiscal, dentro de la parte media-alta del espectro internacional, mientras el mundo anglosajón –el más liberal- es el que presenta menores cargas sobre salario destacando Australia, USA, Nueva Zelanda, Corea y UK.
En cuanto a las indemnizaciones por despido, más de lo mismo. Mientras el gobierno nos vende que estamos por debajo de nuestros pares, lo más cierto es que España es el país europeo con mayores indemnizaciones por despido (20 días por año trabajado que pasan a 33 días en caso de despido improcedente). Así, según el informe, en el largo plazo un ciudadano que haya trabajado 20 años en una empresa acumula una indemnización de 360 días, el dato más elevado de Europa (solo Israel y Turquía nos superan). En el corto plazo pasa lo mismo: un ciudadano que haya trabajado 4 años, acumula una indemnización de 80 días, la más alta de Europa (solo por detrás de Lituania). En cuanto a la protección del empleo, España se sitúa en la media para los contratos regulares y en la quinta posición para los temporales aunque, en lo tocante a la eficiencia del mercado laboral, España se coloca en el puesto 61º mientras los países nórdicos lideran este ranking pese a prescindir de indemnizaciones por despido y de salario mínimo (todo se negocia de manera libre y descentralizada), lo que nos habla, de nuevo, de nuestra falta de competitividad por culpa de un mercado rígido y nada eficiente que restringe nuestras exportaciones y nuestro nivel de empleo.
La solución pasa, frente a lo que apunta el Ministerio, por eliminar todo el Gasto Público improductivo para hacer hueco a una bajada generalizada de impuestos y cotizaciones que permita contratar y vivir a los trabajadores al tiempo que regeneraría nuestro consumo interior mientras al ganar en competitividad al reducir costes podríamos también aumentar nuestras exportaciones lo que sin duda se traducirá en un mayor crecimiento y con el mismo llegaría la mejora en el empleo y los salarios que alimentaría el crecimiento y la natalidad. Las continuas subidas de impuestos y cotizaciones solo traerán menos empleo y salarios más bajos impidiendo cualquier progreso serio en crecimiento y natlidad.
