Esta semana El Día de Soria se hacía eco de la preocupación de Virginia Barcones, delegada del gobierno en Castilla y León, por la siniestralidad en carretera en la provincia de Soria que acumula el 20% de los fallecimientos durante los cinco primeros meses de este año 2022, para lo que pedía un aumento de «las medidas de vigilancia y las campañas de sensibilización de los riesgos de no respetar las normas al volante«. Advirtiendo que su presencia en Soria tenía «que ver con las cifras de accidentes mortales en vías interurbanas en el año en curso. Esta provincia ha registrado ya nueve accidentes con nueve víctimas mortales. Son ocho más que en 2019 y cinco más que en 2021. Este hecho merece una reflexión y alguna actuación porque no es normal que el 21% de las víctimas mortales que ha habido en Castilla y León se hayan registrado en Soria”, Barcones concluía que Castilla y León, en lo que va de año, acumula ya 44 víctimas mortales, frente a las 28 de 2021 o las 24 de 2019, con un incremento del 54%.
Sin embargo, Barcones no dijo nada acerca de la influencia que hayan podido tener medidas de su gobierno como (i) la reciente entrada en vigor de la nueva Ley de Tráfico que dificulta los adelantamientos en carreteras convencionales al suprimir el antiguo Art. 21.4 que permitía superar en 20 Km/h el límite de velocidad en vías no desdobladas para poder adelantar con seguridad; (ii) que las marcas viales respondan aun a la Instrucción 8.2 IC de 1987 que establecía una distancia de al menos 385 metros entre dos prohibiciones de adelantamiento cuando, con la norma actual, se ha calculado que se necesitaría un espacio mínimo de 450 metros, o (iii) que el nivel de accidentes y fallecimientos se dispare a la vez que se están disparando las denuncias y sanciones.
Para Barcones todo pasa por incrementar la vigilancia en Soria con todos los medios de los que disponga la DGT, incluidos drones y helicópteros, mientras soslaya también las conclusiones de la Fiscalía de Seguridad Vial que, en su reciente estudio sobre la siniestralidad en España, asegura «que el 30% de los accidentes de tráfico que se producen son consecuencia del mal estado de las vías» destacando que “aunque el Código Penal ya persigue esas conductas, este debe ser el último recurso» cuando uno de cada diez kilómetros está defectuoso y necesitado de arreglos ora en la calzada ora en su señalización, balizamiento o barreras, lo que le ha valido a la red vial patria una calificación media de «deficiente» (a escasos puntos ya del «muy deficiente»).
Lo peor de todo, sin duda, es que todos esos datos obviados por Barcones transparentan una absoluta falta de preocupación por la seguridad vial por parte del gobierno, de su delegada y del sinfín de administraciones y organismos públicos que intervienen en el tráfico, porque todos siguen apostando por la vigilancia, esto es, por la recaudación vía sanciones, para solucionar un problema que, con la inversión adecuada, se podría eliminar ¡en nada menos que un 30%! (tanto más si, de paso, colocarán los radares donde hay peligro real y no escondidos para seguir recaudando). Inversión, por otra parte, muy plausible si tenemos en cuenta la ingente cantidad de impuestos que se recaudan relacionados con el mundo del motor (desde su adquisición, pasando por su tenencia y mantenimiento, hasta llegar a la transmisión de cualquier vehículo), por lo que estamos claramente ante otro cuento de nuestros queridos políticos que, lejos de trabajar por el ciudadano y su seguridad, trabajan para mantener a una administración cada día más grande e inútil.
