Si ayer hablábamos de la Transición Energética que aún tiene pendiente este país, hoy no podemos sino fijarnos en otra Transición crucial que también está pendiente: la de la Justicia. Asistimos preocupados a la creciente politización de absolutamente todo y, de modo particular, a la creciente politización de una Justicia que ahora sufre el enésimo asalto de la ‘PPSOE’, en este caso por parte del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, que busca modificar con prisas el 570 bis LOPJ (por el procedimiento de urgencia y con la preterición de los informes del Consejo de Estado y del CGPJ) para poder renovar a los miembros del TC, colocando personas afines a sus intereses y logrando una mayoría en el pleno del tribunal.
Se conoce que el interés político cambia rápidamente porque la reforma ahora interesada supone una rectificación de la realizada hace un año a través de la Ley Orgánica 4/2021, de 29 de marzo, por la que se modificó la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, para regular el régimen jurídico aplicable al CGPJ cuando éste se encuentre en funciones limitando sus competencias una vez superado sus cinco años de vigencia, particularmente en lo que respecta a los nombramientos que, conforme al 599.1.1ª LOPJ, corresponden al Pleno del CGPJ. Está claro, pues, que esta rectificación de la modificación anterior se hace exclusivamente a los efectos de que el CGPJ pueda hacer sólo los nombramientos de los dos magistrados del TC que ya exceden su mandato, al objeto de generar una mayoría “progresista” (7/12) en su seno, de cara a todo lo que está por venir por las tropelías cometidas por este gobierno socialcomunista. No obstante, la prueba palpable de que la ‘PPSOE’ es la culpable de toda esta politización constante y creciente de todas las Instituciones del Estado la pueden encontrar en la reacción del PP a esta maniobra en palabras de Pons: «nosotros estamos dispuestos a continuar con el proceso de nombramiento y renovación como corresponde a un partido de leal oposición. Tenemos más sentido de Estado que el gobierno de España«, esto es, que seguirán negociando y pactando, dentro de la ‘PPSOE’, la renovación del CGPJ.
En el fondo, lo que ocurre es que, si bien hubo tiempo para la Transición Política, que se venía fraguando desde los años anteriores a la muerte de Franco, no lo hubo para otras cuestiones como la Justicia que, en 1985, un mal día, se desayunó con el anuncio de Alfonso Guerra que aseguró (sic): “Montesquieu ha muerto”, para patentizar que el PSOE iba a aprovechar su abrumadora mayoría parlamentaria de entonces para reformar la LOPJ y hacer que fuese el Parlamento y no los jueces el que eligiese a los vocales del CGPJ. La maniobra se consolidó después con el «Pacto por la Justicia» del PP, que estableció la fórmula mixta de elección que tenemos actualmente. Desde 1985 no existe la proclamada independencia del Poder Judicial y sin la necesaria separación de poderes nuestra democracia se va pareciendo cada vez más al régimen franquista que la alumbró. Ya se sabe de padres gatos…
¿Cómo se podría arreglar este despropósito? Por dos caminos: el primero vendría de una victoria electoral de un nuevo partido que aspirara a ponerorden y concierto en España con la mayoría necesaria para ello (lo que le encargaron a Rajoy y no hizo), y el segundo vendría sencillamente con el ejercicio en conciencia de todos los cargos públicos y/o institucionales por las personas nombradas para los mismos, con su actuación en conciencia, con arreglo a la Ley y con independencia de quién los hubiese nombrado. Ese “ejercicio en conciencia del cargo” por parte de las personas elegidas sería, por sí mismo, superador de todos los problemas introducidos en todas las instituciones del Estado por la partidocracia imperante y haría imposibles sus maniobras hasta que llegase el triunfo electoral que lo cambiase todo. Por el contrario, si tales nombramientos hacen gala del motivo por el que fueron escogidos, no habrá esperanza para una ciudadanía que entonces tendría que fiarlo todo a una revolución. Si todos los jueces, en el caso concreto de la Justicia, estuvieran individualmente y de verdad al servicio de la misma, los políticos no podrían hacer nada y el país fincionaría mucho mejor. Es hora ya de que todas las Instituciones se pongan al servicio de los ciudadanos y no de los partidos políticos, y eso se puede lograr con el ejercicio en conciencia de todos y cada uno de los cargos públicos y, especialmente, de aquellos en los que residan los poderes Legislativo y Judicial. Sin este tipo de comportamiento individual veremos cómo pronto nuestra debilitada Democracia da paso a la Dictablanda que persiguen los partidos.