Ahondando en los problemas de España, un informe de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), de finales de 2021, en el que se analiza el fraude en la concesión de las ayudas, subsidios y subvenciones públicas en España en el trienio 2018-2020 cuantifica su volumen, en números redondos, en 35.000M€, centrados principalmente en la agricultura, la cooperación al desarrollo, los servicios sociales y la cultura. De ese ingente volumen de gasto público, la OCDE estima, con su evaluación de riesgos, que la probabilidad de fraude asciende al 4% lo que significa que, todos los años, se estarían “despistando” unos 14.000M€ en todo tipo de irregularidades que, en su mayoría, no estarían siendo ni detectadas ni sancionadas. Para la OCDE los dos epígrafes presentan un mayor riesgo son la cooperación internacional y la cultura ya que tanto la agricultura -el sector que más ayudas recibe- como los servicios sociales presentan un riesgo de fraude más bajo. En definitiva, un auténtico río revuelto de dinero para que los políticos pescadores llenen los bolsillos de propios y extraños y engrasen las cadenas con las que alcanzar luego sus fines políticos -más poder y más dinero- que distan mucho del fin que pregonan: el de alimentar un Estado del Bienestar que cada día brilla más por su ausencia a pesar de los disparatados niveles de presión fiscal y de gasto y deuda pública.
Este informe de la OCDE se ha visto respaldado por la AIREF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) que también estima que España gasta anualmente 14.000M€ en ayudas de todo tipo concedidas sin apenas supervisión efectiva, que además presentan dos características que las hacen muy opacas: una gran falta de transparencia y una ausencia casi total de controles orientados a asegurar la eficiencia de dicho gasto. El resto, hasta los más de 32.000M€ anuales sólo de ayudas y subvenciones, sí están razonablemente sometidos a un proceso de revisión de gasto (spending review) que los hace eficaces y transparentes. Con todo, no resulta sorprendente que España presente, a día de hoy, una estructura presupuestaria ineficiente con niveles de gasto público efectivo un 14% por debajo de la media de la OCDE. Sin embargo, en este contexto, vemos con estupor como el Ministerio de Industria anuncia un nuevo portal de subvenciones para canalizar los más de 7.000M€ en ayudas procedentes de la UE con la que no quieren mejorar la economía sino seguir alimentando su red clientelar y devolver los muchos favores cosechados desde el inicio de la pandemia.
En definitiva y como venimos denunciando en este blog desde hace años, España presenta un problema grave de rigor en la gestión del dinero público que se debería ajustar antes de pedir mayores sacrificios a los contribuyentes –que son cada vez menos- abriendo un debate en la sociedad civil acerca de la manera en que se gestiona el dinero público ya que, como han acreditado varias instituciones económicas, el problema de la economía española no radica en la convergencia con la recaudación de impuestos en la UE –imposible en términos absolutos por la mayor renta per cápita de los países europeos punteros- sino en un ajuste radical del gasto público inútil e improductivo, estimándose por el IEE (Instituto de Estudios Económicos) que sería posible un ajuste de 60.000M€ anuales sin que ello afectara a los servicios públicos básicos ofrecidos a los ciudadanos. La coartada del Estado del Bienestar ya no cuela y no tiene nada que ver con la realidad del despilfarro que todos los años se da en España con el beneplácito de la ‘PPSOE’. Para más detalle, podéis consultar la entrada de hace dos veranos –nada ha cambiado desde entonces- titulada “Un Informe del IEE pone de manifiesto que la convergencia que necesita España con Europa no está en los impuestos sino en el gasto público”.
