La Sociedad Española de Fertilidad (SEF) contabilizó en 2020 un total de 152.236 tratamientos (127.420 de fecundación in vitro y 24.816 de inseminación artificial) que se tradujeron en 30.479 nuevos nacimientos, aunque sólo 27.736 de esos bebés nacieron en España ya que los demás fueron de pacientes internacionales. Con todo, se registró un 20% menos de nacimientos a través de estos tratamientos de salud reproductiva que en 2019 lo que, sin duda, afecta al índice de natalidad de España donde los expertos coinciden en señalar que la infertilidad se ha convertido en un problema de Estado.
Los números no engañan (el INE lo ratifica) y España experimenta una caída de natalidad constante situándose ahora en mínimos históricos (de enero a junio de 2022, sólo ha habido 159.705 nacimientos, menos que nunca desde 1941) con una edad media de 31,2 años para la primera maternidad (una de cada tres madres lo consigue con más de 35) y donde los bebés nacidos gracias a la reproducción asistida representan ya el 8,4% de todos los nacimientos. Por eso, no se entiende la rigidez de los protocolos de la Sanidad Pública para que la mujer o las parejas puedan tener hijos al margen de la edad (40 años en la mujer y de 55 en el hombre), haciéndolo depender de la existencia de hijos previos sanos (si tienes un hijo en común y vas en pareja, quedas fuera, pero si tienes seis y vas con otra pareja, serás aceptada), penalizándolo además con un copago en determinadas circunstancias (en algunas CCAA cuando se necesita esperma de donación o cuando son objeto de derivación a la sanidad privada) y con la ausencia de centros públicos especializados en varias provincias y con tiempos de espera que pueden llegar a los 2 años cuando las demandantes de estos tratamientos acuden al límite de la edad permitida (en 2020 se realizaron 83.662 tratamientos en mujeres alrededor de los 39 años de los que resultaron 16.811 partos, representando el 55% de todos los ciclos de reproducción).
Eso empuja a los ciudadanos interesados a acudir a la Sanidad Privada con 321 clínicas de reproducción (frente a las 120 de carácter público) en las que el tratamiento, fármacos aparte, estará en el entorno de los 1.000€ por ciclo para la inseminación artificial (con un 16% de probabilidad de embarazo) y entorno a los 5.500€ por intento para la fecundación in vitro. Lógicamente, estos centros sólo están disponibles para aquellos que se lo puedan permitir máxime cuando, además, al menos 13 provincias (Tarragona, Cáceres, Cuenca, Guadalajara, Ciudad Real y toda Castilla y León excepto Valladolid) sólo cubren la inseminación artificial. Esta pobre respuesta de la Sanidad Pública agrava el problema de nacimientos que más pronto que tarde va a hacer mucho daño a la sociedad española cuando los expertos están convencidos de que si se dieran facilidades para la reproducción desde el sistema público se dispararían exponencialmente el número de nacimientos.
En definitiva, que la baja natalidad es un problema importante en España que debería potenciar esta rama dentro de la Sanidad Pública, abriendo el debate para incorporar la gestación subrogada como una técnica más de reproducción asistida, en lugar de dilapidar el dinero público en las ayudas a la cooperación, como veíamos en la entrada de ayer, que en realidad son ayudas a los amiguetes con el dinero de todos los españoles.