Varios medios se han hecho eco de cómo PNV y PSOE repartieron, durante los últimos años, 42M€ entre funcionarios de la Diputación Foral de Vizcaya como premios a la jubilación en lo que es una trama ilegal impulsada desde el gobierno vasco y que además supone un tremendo fraude fiscal con dinero público. El asunto fue destapado por los auditores del Tribunal de Cuentas Vasco (TCV) pero ninguno de los sucesivos gobiernos forales (ni los de 2009 a 2015 con el PNV en solitario, ni los de 2015 a 2019 con la alianza PNV-PSOE), cortaron con dicha práctica soslayando la advertencia de ilegalidad realizada desde el TCV.
El fraude arrancó en el 2009 y se extendió, como mínimo, hasta el 2018, ejercicios en los que el TCV hizo constar dicha ilegalidad en las cuentas de la Diputación Foral. En los ejercicios 2019 y 2020 –último informe de fiscalización emitido- dicha advertencia de ilegalidad ya no se recoge ni tampoco se indica nada acerca de la corrección de la misma en los ejercicios precedentes. En todos esos años, la Diputación Foral de Vizcaya repartió un total de 42M€ como premios a la jubilación al margen de la ley y libres de impuestos alrededor de 700 trabajadores que decidieron jubilarse voluntariamente.
Sin embargo, en el mundo real –tan distinto del político porque la gente lo consiente- quienes reciben una aportación extraordinaria por jubilación, ora como premio por los servicios prestados ora como incentivo a una jubilación anticipada, se ven obligados a tributar. Ese dinero pasa a engrosar la base imponible del IRPF y, si su volumen es considerable, podría incluso contaminar la fiscalidad del resto de sus rentas al suponer un salto en la escala y, por lo tanto, un tipo de gravamen mayor aplicable a la totalidad del impuesto con el resultado clarísimo de que una parte no pequeña de ese ‘premio’ se quedaría en manos del fisco o, en el caso que nos ocupa, de la Diputación Foral de Vizcaya que hace precisamente de fisco en ese territorio.
Frente a esta realidad de los trabajadores normales, los funcionarios de la Diputación Foral disfrutan de un beneficio tan ilegal como libre de impuestos servido por la gracia del tándem PNV-PSOE que decidió declarar ‘exentos de tributación’ esos premios de jubilación para que quienes los percibieran no pagaran IRPF por ellos ni tampoco viesen perjudicada la tributación del resto de sus rentas por la progresividad del impuesto. Hasta el 2008, esos premios a la jubilación de la Diputación Foral de Vizcaya sí que se declaraban en el IRPF, aunque no se les practicaba retención –otra ilegalidad- pero a partir de 2009 se declararon exentos, motivo por el que el TCV señaló durante los siguientes 10 años que esa práctica era una ilegalidad porque “no acredita la existencia de las causas que, según el artículo 51 del Texto Refundido de la Ley el Estatuto de los Trabajadores, permitirían asimilar dichas actuaciones a los despidos colectivos y despidos o ceses por causas objetivas, cuyas indemnizaciones sí están exentas».
Este es un ejemplo muy claro de cómo el dinero público se evapora con el ‘cambio climático político’ que, lamentablemente, no sólo afecta al dinero, sino que influye en las conductas de esos funcionarios que no sabemos si entraron por méritos propios o fueron directamente cooptados empero que una vez dentro y si quieren aspirar al ‘premio’ tendrán que estar y pasar por lo que les diga el comisario político de turno por lo que ya no estarán al servicio de la Ley y del Ciudadano sino del partido o partidos que parten el bacalao. Dictablanda con mayúsculas y avanzando.
