Otro ataque de populismo barato en plena precampaña de elecciones generales lleva al ministerio de agricultura a intervenir el mercado del aceite de oliva. Lo hace para contentar a los agricultores que ven como el precio desciende por el exceso de stock. Una medida que afecta a todas las almazaras de España a las que se prohíbe vender el 12% del aceite que vayan a producir en esta campaña 2026/2027. Deben retirar ese producto del mercado y dejarlo almacenado en instalaciones propias o ajenas hasta el 30.09.2027. Esto es, hasta la próxima campaña cuando ya se verá si puede ser comercializado. Así retiran ahora 188.000Tn del mercado para mantener los precios altos en perjuicio de los consumidores, de la inflación y de una industria que anuncia medidas legales. Otro atentado más al libre mercado y a los supuestos principios del Derecho de la UE.
Dicen garantizar un umbral de rentabilidad al sector como si el precio fuera el único factor a tener en cuenta. La productividad o los impuestos no aplican para el ministerio. Tampoco señalan qué categoría de aceite guardar y cual retirar. Con el arranque de la campaña 26-27, el precio en origen se desplomó un 53% respecto a la media de las dos cosechas anteriores. Un 43% si tomamos la media de las últimas cuatro. El kilo se paga por debajo de los 3,5€ y en ese nivel de precios queda fuera, por rentabilidad, alrededor del 25% del olivar español. Se trata de las explotaciones más pequeñas y más obsoletas. Ahora, por RD, tenemos que subvencionarlas todos los consumidores en lugar de disfrutar de uno o más años de precios bajos. ¿Quién nos subvenciona a nosotros? ¿Qué incentivos tendrán para modernizarse? Aunque no lo parezca, esta medida es una ruina en diferido para todos.
Lo confirman dos datos: por un lado, el apoyo de los tres grandes sindicatos agrarios (ASAJA, COAG y UPA) y, por otro, el dictamen en contra de la CNMC. Denuncia que la medida restrictiva no está justificada y que generará efectos negativos sobre la competencia y los consumidores. ANIERAC, la patronal envasadora, anuncia un recurso ante la Audiencia Nacional. El ministerio se apoya en el Reglamento UE n.º 1308/2013 que permite restricciones puntuales de la oferta por parte de los Estados miembro, cosa que ya se viene haciendo a favor de viñedo. Veis como la UE es un bluf.
El libre mercado no es posible en España. Por eso todo cada vez funciona peor y somos más pobres. El precio no lo definen la oferta y la demanda, sino los políticos. Esos políticos que dictaron el RD 84/2021 que intervino los precios para, a su decir, ‘estabilizar el mercado’. Sin embargo, en los ejercicios 2022 a 2024, coincidiendo con la crisis de oferta, no se hizo nada y los consumidores tuvimos que pagar el aceite de oliva a precio de oro. Nadie se acordó de nosotros. En 2025 tampoco hubo intervención porque el precio remontó una vez iniciada la campaña. Este 2026, sin embargo, con los mercados mundiales saturados de aceite y con una cosecha estimada de un 23% por encima del año anterior los precios se han desplomado.
No debería haber ninguna intervención política. En cualquier caso, esa intervención no puede beneficiar solo a una parte en contra de la otra. La distorsión en el mercado es tal que el mayor productor mundial, DCOOP, que acaba de adquirir DEOLEO, propietaria de gigantes como KOIPE, CARBONELL o BERTOLLI, apoya que se intervenga el precio porque va a vender más caro. Sin embargo, el mayor envasador, que también ha sido adquirido por esta firma, está en contra porque el precio más caro en origen deteriora su margen. Hasta ahora funcionaba una fórmula mucho más neutral llamada ‘almacenamiento voluntario’. Se apuntaban voluntariamente las almazaras interesadas y recibían una prima por su ayuda. El nuevo RD del ministerio de agricultura es algo muy distinto e injusto al alterar la voluntad de los agentes económicos imponiéndoles una retirada del 12% para… ganar votos.
O todos tirios o todos troyanos. Esta libertad de mercado intervenida e híbrida se la pueden meter por donde les quepa.
