Este artículo fue publicado con fecha 19.08.2024 en la edición de papel de EL HERALDO DE SORIA.
Hay una cosa que, sin duda, avanza y lo hace seriamente en España desde que doblamos el siglo: la corrupción. La PPSOE nos da muestras a diestro y siniestro sin que nadie quiera, de verdad, denunciar este asunto. Los medios se hacen eco de algunas según de donde vengan. Nadie, sin embargo, hace referencia a que se trata de una corrupción sistémica precisamente por lo alternativa que resulta: unas veces la protagoniza el PP y otras el PSOE.
El ‘Caso ERE’ es especial porque aquí el PSOE de la PPSOE batió todos los récords evaporando 800M€ de dinero público. Penalmente, nunca antes se había condenado a todos los responsables de una CCAA por un delito continuado de prevaricación (primero en la AP de Sevilla y después en el Tribunal Supremo). Políticamente, sin embargo, el Tribunal Constitucional vuelve a rizar el rizo otorgando un amparo parcial a todos los condenados, desde Magdalena Álvarez hasta Chaves y Griñan, a pesar de su contrastada participación en las leyes de presupuestos –del 2002 al 2004- donde colaron unas ‘transferencias de financiación’ con las que esquivaron la normativa de subvenciones para facilitar unas supuestas ‘ayudas socio-laborales’ que acabaron en la red clientelar del PSOE.
El TC, a pesar de todo, no ve prevaricación ni delito alguno. Antes al contrario, entiende que lo que sí se ha vulnerado es la legalidad penal de todos ellos y ordena retrotraer las actuaciones a la AP de Sevilla para que dicte un nuevo fallo que ya veremos qué dice. Hasta entonces y en palabras del TC esas operaciones presupuestarias fueron proyectos y ese “proyecto cuyo contenido contraviene la normativa existente mientras que es proyecto no puede someterse a un juicio de legalidad -en ese momento es un acto inexistente para el Derecho- y, una vez que se ha aprobado, al haberse convertido en ley, el único juicio que cabe es el de constitucionalidad”. Es decir, que los proyectos presupuestarios no son actos administrativos y que, por lo tanto, no pueden ser objeto de control por parte de los Juzgados y Tribunales, ni, en puridad, constituir delito alguno. ¡Ole, ole y ole!
En realidad, la sentencia –como señalan los cuatro magistrados que firman el voto particular- no sólo supera los límites de la jurisdicción constitucional irrumpiendo en la ordinaria y en el papel del Tribunal Supremo (TS) como máximo intérprete de la ley, sino que además genera una suerte de ‘Principio de Irresponsabilidad’ para todos los políticos en cualquier gobierno, colocándoos de facto por encima de la ley, de la Constitución y del mismísimo TFUE. Todo ello amén de que el 9.1 CE todavía rece lo siguiente: “los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”.
No os engañéis, no es un caso del PSOE. Es el ‘Caso PPSOE’. Si no estuvieran coaligados con el PP nunca se atreverían a semejante jugarreta. Si supieran que el PP vendría luego a rectificar y a perseguir penalmente a los autores de tamaña prevaricación, esto no pasaría nunca. Saben, sin embargo, que el PP lo convalidará todo. Saben que ambos buscan el mismo resultado: que los imperantes y su séquito se vayan de rositas. Esto solo es posible porque el Poder Ejecutivo controla al Poder Judicial y donde no hay separación de poderes, no puede haber democracia.
Lo peor, con todo, no es que en España no exista democracia ni estos y otros abusos, lo peor es que esos politiquillos de la PPSOE –impunes, en el fondo, todos- son los mismos que a ti, ciudadano anónimo, te imponen una responsabilidad objetiva en cuanto te descuidas un pelín. ¿Vas a hacer algo al respecto o aceptas esta ley del embudo? No, no me lo digas. Me conformo con que lo pienses un poco. Mientras tanto, toma conciencia de que, con tus votos aquí en Soria, también estás apoyando este sistema en el que no todos somos iguales ante la ley y en el que algunos se reparten 800M€ mientras para Soria nunca hay nada.
Mario González Casado. Abogado. Mautiko Abogados.
