La AIREF pone negro sobre blanco que, en los últimos dos años, las sentencias desfavorables al Estado Español han supuesto una factura de más de 14.200M€ (11.200M€ en 2024, más de 3.000M€ en 2025) convirtiéndose en otro factor de riesgo para el control del déficit que estiman que repuntará un 2,6% en 2026. ¿Quién es el responsable de este desaguisado? ¿Quién va a dar explicaciones y responder por semejante agujero? ¡Esta es la democracia de la PPSOE!
No es la primera vez que la AIREF pone el foco en este tipo de sentencias judiciales desestimatorias de las pretensiones del Estado español. Estamos hablando de una media de 1.000M€ anuales entre 2014 y 2023 que, sumados al bienio 24-25, hacen un roto en las cuentas de 23.500M€. La AIREF, en su informe de seguimiento del Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo, califica estos pleitos de riesgo fiscal y advierte que “sigue pendiente la imputación completa del coste derivado de algunas sentencias ya dictadas y persiste la incertidumbre sobre la resolución de procesos judiciales en curso y la posible interposición de nuevas demandas”. En este sentido, apunta a que la factura final podría superar todas sus estimaciones tanto en volumen como en impacto sobre el déficit.
Entre esas sentencias condenatorias, destaca la del ‘tramo autonómico’ del Impuesto sobre Hidrocarburos. El TJUE, en 2024, concluyó que este gravamen, vigente del 2013 al 2018, vulneraba la normativa comunitaria al permitir tipos distintos según el territorio. La STJUE tuvo un impacto en la Cuenta General del Estado de 6.500M€. A este caso se suman el almacén de gas Castor (1.709M€), el bono social eléctrico (913M€) y las devoluciones vinculadas al IAE de las telecos y las retenciones de fondos extranjeros (1.500M€). Un problema que lejos de acabar parece que continua con los arbitrajes internacionales en materia energética (con unos 1.371M€ en juego) y la liquidación de las autopistas de peaje (con otros 1.800M€).
Se trata de una serie de errores, tan gruesos como recurrentes, que derivan en conflictos judiciales que se pierden porque muchas de las decisiones tomadas por el Estado Español no son ajustadas a Derecho. Se trata de decisiones políticas que previamente han tirado de un Real Decreto-Ley –como la modificación del IS en 2016 que acabó en sentencia de inconstitucionalidad– para salir adelante y que terminan por impactar en las cuentas de todos disparando el déficit público. Para eso te exigen más impuestos cada día: para tapar sus cagadas.
El problema de fondo no es que la AIREF nos avise de que el conjunto de tan desacertadas decisiones políticas conllevará a una reducción del 2,2 % del PIB en 2027, manteniendo un déficit ascendente por los mayores gastos asociados al envejecimiento, a la defensa y al propio servicio de la creciente deuda pública, sino que las mismas no supongan responsabilidad de ningún tipo para quienes las toman. La PPSOE te esconde todo esto mientras los medios miran para otro lado y nadie hace nada al respecto, ni a diestra ni a siniestra. Sigue votando a la PPSOE que va a ser muy divertido.
