La ‘Ley del Indulto’ (Ley de 18.06.1870, de reglas para el ejercicio de la gracia de indulto) señala que puede solicitarlo cualquier persona, sin necesidad de poder de representación, dirigiéndose al ministro de Justicia por conducto del tribunal sentenciador o del jefe del establecimiento donde cumpla condena. Incluso el gobierno puede formar el oportuno expediente y tramitarlo. Todo para conseguir la remisión o conmutación de todas o algunas de las penas impuestas y que no hubiese cumplido todavía el delincuente condenado.
Este derecho de gracia, de suyo extraordinario y restringido para atemperar las consecuencias del aforismo summa ius, summa iniuria, de un tiempo a esta parte se ha ido extendiendo, de la mano del gobierno de turno de la PPSOE, hasta convertirse en otra herramienta política. Casos como el de Juana Rivas o el del FGE tuvieron enfrente a los tribunales sentenciadores que manifestaron que ninguno cumplía con las condiciones para ser merecedores de esta medida de gracia, amén de no arrepentirse, y que su indulto estimularía conductas similares en terceros al generar la creencia de que se vale todo porque al final, desde el poder ejecutivo, cualquier responsabilidad penal puede quedar extinguida, siquiera parcialmente.
En este contexto de utilidad política, sobresalen tanto los indultos a los líderes del procés, aprobados por el gobierno en 2021, como el actual indulto parcial –para que no vaya a la cárcel, dejando viva la condena de inhabilitación– a Laura Borrás (JxCat), expresidenta del Parlamento de Cataluña, que fue condenada, no por delitos de carácter político, sino por delitos vinculados a la corrupción en la gestión de contratos públicos. Es decir, que este nuevo indulto ataca a la ejemplaridad que debería presidir el ejercicio de cualquier cargo público y premia directamente la corrupción de los socios del gobierno por el hecho de serlo.
Estas acciones del gobierno de turno de la PPSOE abren una nueva vía de agua en el maltrecho estado de derecho del Régimen del 78 que, cada día más, se parece al franquismo que, supuestamente, venían a superar. Cada día aumentan las diferencias de trato, tanto en la administración como en la jurisdicción, en función de quien esté detrás de cada asunto diluyendo el concepto de ciudadanía. Por si eso fuera poco, corruptos consumados pueden aspirar a la remisión o conmutación de sus penas –los delitos flagrantes, a veces, son imposibles de soslayar– en la medida justa para evitar la entrada –o permitir la salida– en los siempre tediosos establecimientos penitenciarios. Algo que se une a que en España el producto del robo es sagrado siempre que se reparta. Todo esto va a terminar poniendo en su casa a todos los condenados que La Moncloa quiera ver libres por los motivos que fuere.
Si con estos mimbres, tú crees que vivimos en una Democracia y en un Estado de Derecho, puedes seguir votando a la PPSOE en la seguridad de que estos avances irán a más y te permitirán seguir como un cohete –aunque no sepas hacia adónde– empero si ya vislumbras que el Régimen de la PPSOE tiene muy poco de democrático, menos de estado de derecho y que su franquismo con chaqueta de pana, plagado de arbitrariedad y utilitarismo político, nos conduce al desastre, pues te invito a dejar de votarles con efecto inmediato.
