El Desgobierno Comunista pretende, aprovechando la crisis administrativa surgida del reto planteado por el coronavirus -empezando por la sanitaria-, curarnos a todos, como individuos y como sociedad, a base de pisotear nuestros Derechos y Libertades Constitucionales por lo que ya sólo queda una barrera: nuestro ordenamiento jurídico y la aplicación que del mismo hagan jueces y magistrados. El resto ya se han rendido ante la idiocia de los partidos y sus tentáculos en todas las administraciones de este país.
En este sentido, esta pasada semana el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 2 de Madrid ha acordado denegar por auto la ratificación de la Orden 1008/2020, de 18 de agosto, para la aplicación de actuaciones coordinadas en salud pública para responder a las situación de especial riesgo derivada del incremento de casos positivos por COVID-19 solicitada por la CCAA de Madrid para poner en práctica las nuevas restricciones acordadas “por unanimidad” entre las CCAA y el Ministerio de Sanidad, con fecha 14.08.2020, consistentes en la prohibición de fumar en la calle cuando no se pueda respetar la distancia de seguridad, el cierre de las discotecas y la rebaja en el límite de horario para los bares y restaurantes junto con otros atropellos a las libertades públicas.
El magistrado ha explicado algo que ya deberían saber nuestras múltiples administraciones y es que «las órdenes ministeriales tienen que estar publicadas para que sean de obligado cumplimiento» mientras en el BOE «no ha aparecido la orden ministerial a la que hacen referencia en la propia Orden de la Consejería de Sanidad, y sirve de presupuesto para las demás disposiciones autonómicas publicadas» por lo que la Orden de la CCAA de Madrid, derivada de aquella, ni puede ser ratificada ni puede ser aplicada. A mayor abundamiento y para que el Ministerio o las CCAA no caigan en la tentación de intentar salvar la nulidad de dicha Orden con una nueva chapuza jurídica, el magistrado añade que «una declaración del estado de alarma habilitaría para hacer un uso intensivo de medidas jurídicas de limitación de derechos fundamentales y libertades públicas como sucedió en el RD 463/2020 de 14 de marzo, cuando el Gobierno de la nación decretó medidas generales de limitación de movilidad y circulación» pero que «desde una comunidad autónoma no se pueden limitar derechos fundamentales con carácter general sin una previa declaración de alarma«.
El magistrado termina precisando que su labor no es, «desde este exclusivo papel jurisdiccional, determinar las consecuencias jurídicas que pueden derivarse de la falta de ratificación de la Orden 1008/2020” sino la de aplicar la Ley por lo que dicha orden no puede seguir en vigor porque la Instrucción del Ministerio de Sanidad que recoge ese marco común para que las CCAA limiten aspectos como el consumo de tabaco o el ocio nocturno y a la que se refiere la Orden Regional, no ha sido publicada en el BOE y, por lo tanto, “no ha ganado eficacia y vigencia por no haberse publicado, con la consecuencia trascendental de ser nula de pleno derecho y que, además, no podría ser convalidada”.
Todo esto pone de manifiesto el poco aprecio que tiene nuestra clase política y administrativa hacia el Estado de Derecho –de ahí la creciente deriva autoritaria– saltándose la Ley -que ellos mismos crean- a la torera, como si no fuera con ellos, y de esos polvos los lodos de la continua restricción de nuestros Derechos y Libertades Públicas para, por si fuera poco, alcanzar los peores resultados en la lucha contra la COVID-19 no ya de la UE sino de toda la OCDE. Con estos méritos y unos números, en los últimos 7 días según el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, de 1.467 hospitalizados, 93 en UCI y 125 muertos y muertas, que me parecen bajos para un país con 47M de habitantes y una planta sanitaria dentro del Top20 mundial, nos empiezan a bombardear desde los medios afines al Desgobierno Comunista con la necesidad de nuevas restricciones de derechos incluso con la matización de la imprescindible vuelta al colegio. Dichas restricciones no son necesarias y lo mejor que podrían hacer es convocar elecciones para que los españoles puedan decidir quiénes deben llevar las riendas de este país desnortado. Hasta entonces, sólo nos quedan los jueces y magistrados para que el Desgobierno Comunista no pueda arrebatárnoslo todo.