El Consejo de Ministros del Desgobierno Comunista ha aprobado, este pasado martes 15.09.2020, el Anteproyecto de ley de Memoria Democrática que pretende sustituir y derogar la infumable Ley de Memoria Histórica aprobada en 2007 por otro acreditado desgobierno: el de ZP. Cuando la ciudadanía en su conjunto, independientemente de su perfil político y económico está pensando y luchando para la recuperación de sus familias que se convertirá, después, en la recuperación del país, el Desgobierno Comunista lanza esta cortina de humo para despertar de nuevo y enfrentar a las dos Españas creadas en los años 30 por otro Desgobierno Comunista buscando tapar la gestión ignominiosa de la presente crisis por el coronavirus chino, sus 50.000 muertos y muertas hasta el momento y la ruina económica producto de la misma.
Con 5 Títulos y 66 Artículos, en el nuevo Anteproyecto destacan las siguientes medidas:
- El Estado se responsabilizará de las exhumaciones y de las pruebas de ADN de las exhumaciones, creando el Banco Nacional de ADN de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura con un censo de víctimas y un mapa de fosas. Si estas se encontraran en una finca privada, se podría autorizar su ocupación temporal para los trabajos de exhumación.
- Se anularán «de pleno derecho» todas las sentencias de los tribunales franquistas dictadas durante la Guerra Civil y la Dictadura y se declararán ilegales los Tribunales de Represión de la Masonería y el Comunismo, el Tribunal del Orden Público, los Tribunales de Responsabilidades política y los Consejos de Guerra.
- Se resignificará el Valle de los Caídos convirtiendo ese espacio en civil y se extinguirá la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos con la que los benedictinos gestionan la Abadía. Se reflexionará sobre el derribo de la Gran Cruz y se reubicará «cualquier resto mortal que ocupe un lugar preeminente en el recinto» (José Antonio).
- Se revocarán distinciones, condecoraciones, medallas policiales u honores «por haber formado parte del aparato de la represión de la dictadura» y sus recompensas asociadas.
- Se quitarán títulos nobiliarios concedidos entre el 48 y el 78.
- Se cambiarán las denominaciones de pueblos, calles, centros públicos, privados y religiosos que se consideren símbolos del franquismo y se reinterpretarán esos elementos según “la memoria democrática”.
Sin embargo, destacan aún más estas otras:
- Se actualizarán “contenidos curriculares con memoria democrática para Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato«, esto es, se adoctrinará de lo que quiera el desgobierno comunista.
- Se negarán subvenciones por «atentar, alentar o tolerar prácticas en contra de la memoria democrática«, esto es, se concederán a quienes graciosamente quiera el desgobierno comunista.
- Se prohibirán actividades de exaltación y enaltecimiento de la dictadura y se sancionará con multas van desde los 200€ hasta los 150.000€ las infracciones reguladas en esta ley constituyéndose, además, una nueva Fiscalía de Sala en el Tribunal Supremo para investigar hechos de la guerra y la dictadura, ilegalizando todas aquellas organizaciones que se consideren que hacen apología de la dictadura, el franquismo o «inciten al odio«, modificando la Ley del Derecho a la Asociación de 2002, esto es, el desgobierno comunista podrá acusar a cualquier persona de enaltecimiento y crujirla con su fiscalía política (bienvenidos a Venezuela).
- Se auditarán e inventariarán los bienes expoliados («incautaciones producidas por razones políticas, ideológicas de conciencia o religiosa«), esto es, se indemnizará a quien considere el desgobierno comunista con nuestro dinero.
El sesgo autoritario de este Desgobierno Comunista va en aumento como cualquiera puede comprobar con este nuevo proyecto de ley que se cisca directamente en la Ley de Amnistía (Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía) y por lo tanto en la Reforma Política que trajo la Democracia y, en consecuencia, en la Constitución Española (particularmente el 9.3 CE que incorpora el principio de irretroactividad de las normas sancionadoras desfavorables).
Con todo y con eso, lo más preocupante es que no se toman medidas reales y racionales contra los problemas que tienen los ciudadanos de este país, como si el Estado fuera un ente distinto y superpuesto a la Sociedad Civil, decantándose por una revisión de la guerra civil y de la dictadura como bálsamo de fierabrás para curar los sangrantes males de nuestro tiempo. No se persigue el progreso sólo se persigue la revisión de un pasado por otra parte imborrable.