Tanto la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) como el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) se acaban de sumar al llamamiento realizado recientemente por las distintas Asociaciones de Jueces para no parar la Justicia como parte de las medidas para contener la segunda ola de la pandemia por el coronavirus chino.
Reconociendo el daño causado a la Justicia, a todos los niveles, por la suspensión de plazos procesales durante la primera ola, todos coinciden en afirmar que no puede justificarse ninguna limitación del Derecho Fundamental a la tutela judicial efectiva (24 CE) amén de que dicha limitación no este siquiera contemplada en el nuevo RD 926/2020 por el que se decreta el nuevo Estado de Alarma. Destacan, además, como hay que evitar por todos los medios la desactivación de uno de los Poderes del Estado: el Poder Judicial. Básicamente porque es el garante de los derechos de todos los ciudadanos y porque funciona además como control de la actuación del resto de poderes y de las administraciones.
Destacan como existen medios adecuados para que la Justicia funcione con normalidad y con garantías tanto para los trabajadores como para los justiciables y los usuarios de un servicio público que, aunque ya tenía un funcionamiento manifiestamente mejorable, resulta esencial en un auténtico Estado de Derecho por lo que nunca debería decretarse una nueva paralización y menos aún ante un panorama como el actual donde empiezan a abundar las restricciones de derechos, los fraudes de ley por parte de las autoridades y numerosas limitaciones en la prestación de otros servicios públicos que afectan al ejercicio de los derechos de los ciudadanos para los que, ahora y siempre, la Justicia resulta un servicio esencial, reconocido constitucionalmente, que por lo tanto debe ser así considerado a efectos de su prestación sin restricciones.
Todos han coincidido en señalar la obligación del Gobierno y las CCAA de garantizar las condiciones necesarias para que la Justicia pueda seguir prestándose como servicio esencial que es, destacando que el derecho fundamental de los ciudadanos a obtener la tutela judicial de sus derechos e intereses legítimos no debe quedar suspendido por la declaración del Estado de Alarma durante el que deben atenderse los asuntos urgentes e inaplazables sin que se paralicen los demás al igual que debería ocurrir con el resto de servicios públicos. Para conseguirlo, todos esos colectivos abogan por fomentar el uso de medios telemáticos y, en ese sentido, recojo la propuesta en Linkedin del abogado Iñigo Coello de Portugal que propugnaba una medida tan barata y sencilla como establecer que todas las actuaciones judiciales se realicen por escrito, restringiendo la inmediación y la oralidad para aquellos actos en los que resulte realmente necesario (que son muy pocos), reduciendo así la posibilidad de contagio y salvaguardando el funcionamiento de la Justicia.
En definitiva, que el funcionamiento normal de la Justicia resulta imprescindible por lo que, de acordarse un segundo parón, todos deberíamos interpretarlo en una limitación más para el ejercicio de los Derechos y Libertades ciudadanas, en un paso más hacia esa Dictablanda que persigue este Desgobierno Comunista –y que venimos denunciando en este blog- aprovechando la tensión sobre vidas y haciendas que experimentamos todos los ciudadanos y que dirigen nuestra atención hacia lo privado mientras se está transformando lo público con una profundidad y consecuencias difíciles de valorar pero que a buen seguro dejarán una España que esta vez sí “no la va a conocer ni la madre que la parió”.