El pasado 10.11.20, el Consejo de Ministros aprobaba el Anteproyecto de la reforma de la Ley de Tráfico en el que destaca la supresión del 21.4 por el que se permite superar en 20 Km/h el límite de velocidad de la vía, en las carreteras con calzada no desdoblada, para poder hacer un adelantamiento. Otra bomberada más en el adulterado mundo de la Seguridad Vial de este país que, además, obligará a las diferentes administraciones responsables de las carreteras a modificar la señalización de todas las zonas de línea discontinua al tener que recalcular los tiempos y espacios necesarios para realizar los nuevos adelantamientos sin ventaja.
En la actual Ley de Tráfico, tal y como lo conocemos tradicionalmente, se indica que “las velocidades máximas fijadas para las carreteras convencionales, excepto travesías, podrán ser rebasadas en 20 km/h por turismos y motocicletas cuando adelanten a otros vehículos que circulen a velocidad inferior a aquellas” aunque ahora, con su planeada supresión, la DGT pretende reducir los accidentes con víctimas en dichas vías mientras los expertos –y el sentido común- pronostican el resultado contrario: más inseguridad para adelantar y más estrés en los conductores que a buen seguro generarán más errores y, con ellos, más accidentes y más víctimas de todo tipo. Una auténtica bomberada.
Hasta ahora, la Ley de Tráfico, al tratar la maniobra de adelantamiento, señalaba que “el conductor que lo efectúe debe llevar su vehículo a una velocidad notoriamente superior a la del que pretende adelantar y dejar entre ambos una separación lateral suficiente para realizarlo con seguridad” y en el menor tiempo posible, precisamente para evitar colisiones sobre todo frontales, de ahí que se permitiera ese incremento de 20 km/h. Los cálculos realizados entonces -según la vigente Instrucción 8.2 IC de Marcas viales (1987)- recomendaban una distancia deseable entre dos marcas continuas de prohibición de adelantamiento de 385 metros que ahora, en el borrador de la nueva Instrucción 8.2 IC de Marcas viales, se verá reducida a 250 metros cuando, según los cálculos facilitados por la propia DGT, la distancia necesaria para realizar el adelantamiento de un tráiler (16,50 metros) que circulara por una carretera convencional a 80 km/h por un coche (4,50 metros) a la velocidad máxima prevista de 90 km/h, sería de unos 450 metros aproximadamente. ¡Unos fenómenos!
Las carreteras convencionales, que en enero del 2019 vieron reducido su límite de velocidad de 100 a 90 km/h, soportan aproximadamente el 40% del tráfico total en vías interurbanas y uno de cada cinco accidentes de tráfico con víctimas en dichas vías se produce en un tramo curvo o con rampa. Ahora, con la supresión anunciada del margen de velocidad adicional, se obligará a los turismos y motocicletas a adelantar a los vehículos lentos en aquellos tramos en los que previsiblemente éstos reducirán su velocidad que no son otros que los de curvas y rampas ascendentes con cambio de rasante, terreno donde además entraran en competencia con otros vehículos ligeros que previsiblemente se irán acumulando detrás de los pesados en las rectas donde será muy difícil adelantar sin sobrepasar la velocidad máxima, multiplicando con ello el riesgo de accidentes por alcance antes o después del necesario adelantamiento. Un sindiós.
La DGT a pesar de asumir “el factor humano”, ya que el conductor siempre va a cometer fallos que pueden provocar accidentes graves, motivo por el que nunca se podrán erradicar reduciendo la velocidad, fía su contención a la infraestructura y a la renovación del parque móvil empero el producto de esas multas de tráfico, que previsiblemente se incrementarán por la desesperación/imposibilidad de los conductores para adelantar legalmente en ese tipo de vías, nunca va para Seguridad Vial (infraestructuras, renovación del parque, ayudas a las víctimas, etc…) sino que acaba en las manos de Hacienda, a través de unas transferencias sin partida presupuestaria y con números de expediente ‘000X’, constituyendo, en realidad, un nuevo tributo para un Estado que apuesta por seguir ordeñando la vaca de los vehículos -en 2017 ya superaron los 500M€- y al que poco le importa, en el fondo, la salud y la seguridad de los ciudadanos. Esperemos que no supere el trámite parlamentario o veremos nuestros Hospitales de nuevo llenos de víctimas por accidentes de tráfico.