Suiza, ese país montañoso del centro de Europa, independiente y famoso por sus bancos y sus chocolates, pero que cuenta con más de 8,5M de habitantes, tiene la buena costumbre de consultar vía referéndum directamente a sus ciudadanos las decisiones más importantes para su vida política.
Así, en 2020 consultaron sobre la necesidad o no de instaurar un salario mínimo con resultado negativo y, en 2016, consultaron sobre la necesidad o no de establecer una renta básica universal en el país, igualmente con resultado negativo. Asimismo, recientemente también decidieron de esta manera prohibir el burka y la posibilidad de ocultar el rostro públicamente. Con estos antecedentes, ahora Suiza acaba de votar vía referéndum una nueva ley climática y una nueva ley del CO2 que, por una parte, quería imponer una prohibición de los pesticidas sintéticos y, por otra, crear una normativa sobre el CO2 para introducir nuevos impuestos al diésel y al gas natural. El Presidente suizo reconoció que el resultado final de doble no a dichas propuestas “da al mundo agrícola la oportunidad de continuar con sus reformas de transición hacia una producción más sostenible» y que es «una elección de razón y pragmatismo, una elección que garantiza el futuro de nuestra agricultura y asegura la seguridad alimentaria de nuestro país”.
Ambas iniciativas, apoyadas por los ecologistas y la izquierda, resultaron finalmente rechazadas por el sentido común del conjunto de la ciudadanía que conforma la Confederación Helvética al considerar la primera peligrosa para la soberanía alimentaria del país porque pretendía prohibir tanto el uso de los pesticidas sintéticos (en un plazo máximo de 10 años) como las importaciones de alimentos producidos en el extranjero que utilicen o contengan dichos productos. Dicha propuesta fue rechazada por el 60,56% de la población. Asimismo, en la misma consulta se preguntó sobre la posibilidad de subvencionar públicamente a los agricultores que no utilicen ese tipo de pesticidas, medida que también fue rechazada por un 60,68% de la población.
Por otra parte, también fue rechazada, por un 51,59% de la población, la ley sobre el CO2 que preveía la introducción de impuestos sobre el diésel y el gas natural, así como sobre los billetes de avión desde Suiza. Asimismo, la norma también proponía que los importadores de gasolina y gasóleo pagaran una compensación por las emisiones de carbono, que luego podría repercutirse, en parte, en los precios finales de surtidor. El objetivo de estas medidas era reducir las emisiones de CO2 en un 50% para 2030 (respecto a 1990) pero los críticos al proyecto argumentaron que dichos impuestos resultaban demasiado negativos para el poder adquisitivo de los suizos. El Ministro de Medio Ambiente y Energía recalcó que «el cambio climático sigue siendo urgente” y que el “el voto negativo de hoy no es un voto negativo a la protección del clima. Mucha gente quiere reforzar la protección del clima, pero no de esta manera«.
Como podemos ver el sentido común se impone en muchos sitios… salvo en España donde la via del referéndum, regulada fundamentalmente en la Constitución, en la LO 2/1980, de modalidades de referéndum, y en la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local, sólo ha sido utilizada legalmente tres veces en democracia (para aprobar la Constitución en el 78 con el 67% de participación; para la OTAN en el 86 con el 59% de participación y para la Constitución Europea en 2005 con el 42% de participación) mientras ahora, tras los indultos a los golpistas catalanes, se pretende retorcer para autorizar un referéndum legal y pactado en Cataluña cuando lo que debería hacerse es hacerlo en toda España para cerrar de una vez por todas el “problema de Cataluña” -que no es tal- y de paso algunas otras falacias parecidas como la del País Vasco o Galicia.