En este blog venimos comentando todos los pasos –los que advertimos- que se van dando poco a poco, pero de manera sostenida, para la destrucción de nuestro Estado de Derecho y, por ende, para la destrucción de nuestra intervenida democracia –intervenida por unos partidos políticos que se han superpuesto a la ciudadanía y ya no canalizan sus deseos, sino que los interpretan a su antojo y conveniencia- señalando como punto iniciático definitivo la declaración de un Estado de Excepción camuflado de Estado de Alarma ante la inacción del Tribunal Constitucional (que ahora apunta a que todo fue inconstitucional sin llegar aún a resolverlo) y fuera del necesario control parlamentario.
Sin haber podido aún digerir aquello, hoy traemos aquí, por desgracia, el segundo punto de ruptura importante consumado por el presidente sánchez con una declaración institucional de 4 minutos y sin preguntas en la que informó de la aprobación de un indulto general para todos los golpistas catalanes condenados por su rebelión (luego sedición vía ensoñación) y declaración de independencia del 1-O y que ayer, vergonzosa, ilegal y anticonstitucionalmente, ha aprobado el Consejo de Ministros.
Pasadas las 14:30 horas, ayer compareció en las escaleras de Moncloa el presidente sánchez sin periodistas (que lo tuvieron que seguir con 6 plasmas habilitados al efecto para impedir preguntas o la más mínima disidencia) para informar de que «el Consejo de Ministros ha acordado conceder los indultos a los 9 condenados que continúan en prisión» que calificó de «indultos parciales, conmutamos la pena, pero se mantienen la inhabilitación, y quedan condicionados a que no se cometa de nuevo delitos«, en un periodo de entre 3 y 6 años según las condenas, aunque «el Gobierno no pone en cuestión la sentencia» del 1-O del Tribunal Supremo sino que «piensa en los cientos de miles de españoles que se sienten solidarios» con los nueve condenados que «aún permanecen en prisión o en quienes no respaldaron sus actuaciones pero sí creen que han cumplido suficiente castigo«. Luego le dedicó algunas frases a su infumable relato político: «Esta medida de gracia no exige que los indultados deban cambiar sus ideas. No exigimos tal cosa» pero sí «que todas las ideas se defiendan en el marco de la legalidad«; «La democracia demuestra hoy su grandeza y es una buena ocasión para que demuestren la suya« limitándose a la vía de la legalidad «que nunca se debió abandonar» y «abrir un nuevo puente de diálogo personas que estamos muy alejadas en lo político, pero no podemos ignorarlos«. Todo falso de toda falsedad.
Lo ocurrido ayer, a mi juicio, le da la puntilla a nuestro Estado de Derecho tal y como lo conocíamos hasta ahora desde el momento en que por conveniencia política el Poder Ejecutivo se salta la Ley y la Constitución Española, soslayando de paso las resoluciones firmes del Poder Judicial, para imponer su santa voluntad de excarcelar a los golpistas catalanes que, por otro lado, sostienen al gobierno frankenstein y que, lejos de constituir para ellos la infamia que realmente es, va a servir de punto de arranque para intentar una segunda legislatura de “concordia, amistad y progresismo medioambiental” en la que, si se lo permitimos con nuestros votos, se van a llevar todo por delante.
Un botón de muestra de lo que puede significar todo esto dentro de poco en España es lo que ya está ocurriendo en Nicaragua con otro reconocido progresista como Daniel Ortega que está deteniendo, uno a uno, a todos los candidatos de la oposición a presidente del gobierno. Los medios de comunicación ya recogen la detención esta vez del precandidato Miguel Mora al que, tras asaltar su casa, la policía sandinista condujo por la fuerza a la cárcel y ya son una veintena los detenidos entre aspirantes, dirigentes, ex guerrilleros y disidentes por la aplicación de la llamada «Ley Guillotina» y siempre bajo una de las siguientes y vagas acusaciones: por «actos que menoscaban la independencia y la soberanía«, por “incitar al odio”, por el «financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo o blanqueo de capitales» o por «lesionar los intereses supremos de la nación«. La oposición denuncia que en Nicaragua “la dictadura en su desesperación ha instalado la barbarie política y todos estamos amenazados» porque lo que pretenden es «un país sin voz ni voto, sometido y humillado; así nos quieren«. A que les suena. La Dictablanda va tomando fuerza -es una realidad- y si votamos en las próximas elecciones a cualesquiera de los que han participado o colaborado en este auténtico golpe al Estado de Derecho y a la Democracia, os puedo asegurar que, en la próxima legislatura, tendremos algo parecido en España a lo que ya está sucediendo en otros países como Nicaragua o Venezuela.