Sin poder digerir –porque no se puede digerir- ninguna de las medidas anticonstitucionales tomadas por este Desgobierno Comunista –en realidad, por el PPSOE- relativas a los Estados de Alarma, a la Memoria Democrática, a la “Trans”, a los indultos, etc… ahora el Consejo de Ministros acaba de aprobar el Informe del Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley de Seguridad Nacional (Ley 36/2015, de 28 de septiembre), a su decir, para “reforzar los mecanismos a disposición del Estado para acceder a los recursos necesarios para la gestión de crisis” y que traducido al román paladino significa “una ley que les permita hacer lo que les dé la gana, cuando les dé la gana, porque les da la gana y sin que tales medidas puedan ser cuestionadas por los distintos juzgados y tribunales”. Es la puerta no ya a la Dictablanda que venimos denunciando aquí, sino a una auténtica Dictadura.
La coartada para este Anteproyecto de Ley, la encuentra Moncloa en cumplir la DF 3ª de la Ley de Seguridad Nacional de 2015 por la que el gobierno «deberá remitir al Congreso de los Diputados un proyecto de ley reguladora de la preparación y disposición de la contribución de recursos a la Seguridad Nacional» y cuya necesidad se ha puesto de manifiesto con ocasión –qué casualidad- de la crisis sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus chino.
Con todo, la Ley de Seguridad Nacional otorgará la llave al presidente del Gobierno para declarar una «situación de interés para la Seguridad Nacional« –sin definir y, por lo tanto, sin poder controlarse, es decir, cuando y como le venga en gana-, declaración que le “permitirá integrar la acción de todos los recursos disponibles” del país previendo, entre otras cuestiones, poder regular la producción industrial de España en función de las necesidades de “esa situación” a través de la Reserva Estratégica basada en las Capacidades Nacionales de Producción Industrial (RECAPI) para evitar o solucionar la dependencia del abastecimiento exterior; la posibilidad de que el Consejo de Seguridad Nacional pueda adoptar las medidas necesarias para que los planes de preparación y disposición de recursos puedan ejecutarse lo más rápidamente posible y tres perlas que ya le hemos escuchado a Sánchez durante su nefasta gestión de la crisis, a saber:
- Que «toda persona mayor de edad estará obligada a la realización de las «prestaciones personales» que exijan las autoridades competentes, siguiendo las directrices del Consejo de Seguridad Nacional, cuando se declare en España un estado de crisis. En este supuesto, todos los ciudadanos sin excepción deberán cumplir las órdenes e instrucciones que impartan las autoridades»;
- Que «en el supuesto de que en España se declarase una «situación de interés para la Seguridad Nacional», las autoridades también podrán proceder a la requisa temporal de todo tipo de bienes, a la intervención u ocupación provisional de los que sean necesarios o a la suspensión de todo tipo de actividades. Quienes sufran perjuicios económicos por la requisa de sus bienes o la interrupción de su actividad tendrán derecho a ser indemnizados”;
- Que «el anteproyecto incluye la obligación de los medios de comunicación de colaborar con las autoridades competentes en la difusión de informaciones de carácter preventivo u operativo».
Lo que en realidad se cuece es la habilitación al gobierno y en este caso al Desgobierno Comunista (que está dispuesto a hacer lo que sea para continuar en el poder a pesar de los 140.000 muertos y muertas que ha ocasionado su gestión) para que, en cualquier momento y sin motivación de ningún tipo, pueda declarar un “estado de alarma chavista” que le habilitará legalmente –no constitucionalmente, pero para eso ya ha neutralizado al Tribunal Constitucional- para hacer lo que le dé la gana con todos nosotros. Juzguen ustedes mismos.
