Esto es lo que exactamente está pasando con la Justicia en España. Y con muchas otras instituciones como, por ejemplo y dentro del mismo sector, el Ministerio Fiscal.
El órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) está perfectamente definido en sus competencias y quehaceres tanto en la Constitución como en la LOPJ que refieren como “1. La ley orgánica del poder judicial determinará la constitución, funcionamiento y gobierno de los Juzgados y Tribunales, así como el estatuto jurídico de los Jueces y Magistrados de carrera, que formarán un Cuerpo único, y del personal al servicio de la Administración de Justicia. 2. El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo. La ley orgánica establecerá su estatuto y el régimen de incompatibilidades de sus miembros y sus funciones, en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario. 3. El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años. De éstos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión” (122 CE) y ahora, desde el Desgobierno Comunista, se ha iniciado una campaña para tildar de antidemocrática y fuera de la Constitución la actuación tanto del propio CGPJ como de la oposición porque no quiere dar sus votos para que los candidatos presentados por el ejecutivo frankenstein alcancen la mayoría necesaria para su nombramiento según la Ley (3/5). El problema está, una vez más, en unos candidatos maleables, a imagen y semejanza de sus proponentes políticos, que no convencen a la mayoría necesaria.
Cierto es que el día 04.12.2018 caducó la actual composición del CGPJ, pero no es menos cierto que su no renovación obedece realmente a que los grupos parlamentarios –en particular la PPSOE- no están siendo capaces de cumplir el mandato constitucional de lograr esa mayoría de 3/5 para poder nombrar legalmente a los nuevos consejeros del CGPJ sobre todo desde que la UE “recomendara” no continuar con el atajo iniciado por el Desgobierno Comunista, llamado “Proposición de Ley para cambiar el sistema de elección del Poder Judicial”, con el que pretendía rebajar la exigencia constitucional de los 3/5 hasta algo al alcance de su “mayoría frankenstein” (ver la entrada de este blog titulada Otro paso más hacia la Dictablanda).
Cierto es que el Poder Judicial es uno de los tres poderes fundamentales de un Estado de Derecho y que la soberanía nacional reside en el pueblo español y que, como Estado Democrático y de Derecho, en España les corresponde a los ciudadanos la elección de los miembros del Congreso y del Senado que luego elegirán, siguiendo el 122 CE, a 8 de los miembros del CGPJ por mayoría de 3/5 y por 5 años de duración. En consecuencia, ni se está poniendo en peligro el sistema democrático, ni tampoco es cierto que los jueces no deban elegir a los jueces porque precisamente la esencia de un auténtico Estado Democrático y de Derecho radica en el Principio de la Separación de Poderes por el que esos tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial deben ser ejercidos por órganos de gobierno distintos, autónomos e independientes entre sí para hacer posible aquello que Montesquieu enunció: para que “el Poder detenga al Poder”. Para ello, es fundamental que cada uno de esos tres poderes vigile, controle y, en su caso, detenga los excesos de los otros poderes para impedir que ninguno predomine sobre los demás. Frente a esto, el problema real del CGPJ es que se ha convertido en una pugna de poder político, dentro de ese camino a la Dictablanda que aquí no nos cansamos de denunciar, en el que el Desgobierno Comunista quiere gobernar también el CGPJ y, con él, el Poder Judicial, motivo por el que lo mejor que podría hacerse es respetar la Constitución y la LOPJ permitiendo que la elección que realiza el Poder Legislativo de esos 8 consejeros del CGPJ se realice a partir de una lista de candidatos presentada desde el Poder Judicial y no desde los partidos políticos –desde la PPSOE y sus socios de turno- de lo contrario, tras 36 años metiendo la zorra política en el gallinero judicial, lo más probable es que la imprescindible separación de poderes termine por desaparecer en España y un día no muy lejano nos despertemos… en Cuba, pero sin palmeras.