La UE acaba de crear un cuerpo de ‘superfiscales‘ contra el fraude en los fondos europeos (“Los intocables de Von der Leyen”) para supervisar el buen fin del dinero europeo y en evitación de la pérdida/distracción de esos fondos a consecuencia de la corrupción, sobre todo ahora con las multimillonarias ayudas europeas a los distintos Estados Miembros a consecuencia de la pandemia por el coronavirus chino.
La nueva Fiscalía Europea (EPPO, por sus siglas en inglés), que echó a rodar el pasado 1º de junio, pretende cortar las redes clientelares y controlar el destino de los fondos porque, hasta ahora, la Comisión Europea tenía las manos atadas a la hora de perseguir el fraude del presupuesto europeo. Existía, sí, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), pero sus competencias eran muy reducidas a la hora de castigar el desvío de fondos por lo que, desde la propia UE, se estima que millones de euros han sido malversados dentro de unos Estados Miembros poco amigos de ceder más competencias en este campo (calculan que entre el 0,5% y el 1,5% del Presupuesto de la UE podría estar malversado y que, sólo en el IVA, el fraude ronda los 140.000M€).
Con sede en Luxemburgo, la EPPO ahora podrá perseguir delitos transnacionales e iniciar casos judiciales, por ejemplo, por blanqueo, sobornos, apropiación indebida, fraude del IVA, etc… Su plantilla estará formada por un fiscal designado por cada Estado miembro –aunque la participación es voluntaria y no todos los países forman parte de la cooperación judicial de la UE- y al timón estará la rumana Laura Kovesi que durante años ha liderado la lucha contra la corrupción en su país natal y tiene declarado que “nuestro objetivo es poner fin a la criminalidad económica y financiera. Que nadie se confunda: esta es la amenaza más frecuente para cualquier sociedad democrática”. La representación española corre a cargo de Concha Sabadell que ingresó en Anticorrupción hace ya 14 años y que se hizo famosa por llevar la acusación pública en el “Caso Gürtel”. Lógicamente, la esencia de la EPPO radica en su independencia, protegiendo a sus fiscales de posibles represalias, tanto desde sus propios países como de externos, y evitando todo tipo de interferencias para poder así enjuiciar tanto a políticos como a funcionarios que hayan incurrido en cualquier tipo de malversación.
Ya está en marcha el reparto del Fondo de Recuperación Europeo (NEXT GENERATION EU o FONDOS NEXTGEN) y España ha recibido los primeros 9.000M€. Se trata del instrumento financiero más ambicioso de la historia de Europa y el primero en condicionar su recepción al Estado de Derecho, con especial énfasis en cuanto a la malversación, el fraude y la corrupción se refiere, por lo que Hungría y Polonia tendrán que esperar al estar atacando los valores fundamentales del Estado de Derecho con sus ataques, fundamentalmente, a la independencia judicial y a los colectivos LGTBI.
La EPPO supone un impulso para la integración europea que tiene en el buen uso de los fondos europeos la mayor garantía para alcanzar la integración política y económica por lo que no les va a faltar trabajo en ninguna parte y, especialmente, en España donde el Desgobierno Comunista va a hacer de las suyas con esos fondos destinados a “apoyar reformas e inversiones, mitigar el impacto económico y social de la pandemia y hacer que las economías y sociedades europeas sean más sostenibles y resilientes y estén mejor preparadas para los retos y oportunidades de las transiciones ecológica y digital» como lo ilustran estos dos extremos: (i) el que una de las primeras iniciativas financiadas con dichos fondos sea una campaña publicitaria destinada a promover la vacunación de los jóvenes en medios de comunicación, plataformas y redes sociales (#YoMeVacunoSeguro) lanzada por el Ministerio de Sanidad este pasado 01.09.2021; y (ii) los porcentajes de reparto dentro del sistema económico español que está constituido en más del 90% por pymes mientras, ya desde el principio, los fondos mayoritariamente se están destinando al sector público (campañas publicitarias) y a las grandes empresas que apoyan al gobierno. Vamos que con el reparto que se va a hacer en España de esos esos fondos de recuperación la EPPO tiene el trabajo asegurado muchos años.