Para muchos es la mejor norma de nuestro Ordenamiento Jurídico por lo que en su XLIII aniversario sorprende que siga luchando por consolidar su vigencia a la luz de los incesantes ataques recibidos especialmente desde los socios franquenstein del gobierno, incluso desde el propio gobierno, por lo que su reforma se antoja hoy por hoy imposible, no porque no se pueda reformar, como dicen para confundir los que la critican, sino porque el mecanismo para su reforma requiere, con lógica, de unos requisitos (mayorías muy cualificadas, disolución de las Cortes, convocatoria de elecciones generales y un referéndum que ratificara el nuevo texto) que hacen necesario un consenso amplio y, a su vez, impiden una reforma partidista como la que realizarían unilateralmente los que la atacan. Pero no pueden y de ahí su frustración. Para la mayoría de los ciudadanos, según las últimas encuestas, está bien como está ante las sospechas de que cualquier cambio en los tiempos que corren sería para peor.
Todo, con los años, resulta mejorable y lo mismo le pasa a nuestra Carta Magna pero los ataques no se producen contra lo que debería cambiarse, fundamentalmente lo referido a la organización territorial del Estado, a los partidos políticos, al sistema electoral, a la lengua oficial, al Poder Legislativo y a los órganos del Estado como el CGPJ, sino contra su máxima enseña, el Rey (somos una Monarquía Constitucional) atacando a la Corona aprovechando el rechazo popular que sin duda genera el hecho de que el bueno de campechano haya resultado ser un comisionista de lo más ávido por encima de un Rey como Dios Manda y Quiere. Así, se cuestiona la inviolabilidad del Rey –que el texto excluye de forma explícita- buscando fórmulas para disociar jurídicamente la esfera privada de la pública con el supuesto fin de poder atacar la primera, pero con el objetivo último de laminar la figura del Rey actual (a campechano le trae todo sin cuidado). En abierta contradicción con lo anterior, llama la atención que nadie cuestione ya los aforamientos de los políticos que, pese al sinfín de promesas para acabar con ellos por parte de la PPSOE, continúan vigentes para diputados, senadores y miembros del Gobierno. Finalmente, también se aprovecha para cargar contra la Corona y, por ende, contra la Constitución, a la que se califica de “traje viejo”, con la prevalencia del hombre sobre la mujer en el orden de sucesión (57 CE) que, evidentemente, contradice el Principio de Igualdad del 14 CE, por lo que bastaría interpretar el primero a la luz del segundo para resolver el asunto hasta que pueda llegar esa reforma constitucional.
Otros ataques que recibe la Constitución utilizan a la pandemia como ariete y, día a día, vemos al Poder Ejecutivo, tanto Estatal como Autonómico, quejándose de que la Constitución no les deja actuar porque es afortunadamente también la máxima garante del ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas que se pretenden restringir a cada ocasión que se presenta y sin las que nos convertiríamos inmediatamente en la Venezuela o en la Cuba de turno. Esa misma razón sibyace también en los ataques continuados por parte del gobierno y de sus socios a la libertad de expresión y la libertad de prensa cuando la literalidad del texto constitucional es impecable en ese punto y cuando lo que se necesita –conscientes de que cualquier limitación en este terreno supone un peligro grave para la Democracia- es una respuesta más contundente de los juzgados y tribunales patrios –particularmente desde el TC- en línea con la tutela más garantista del TEDH.
El objetivo final de todos estos ataques es quebrar la Constitución que no pueden reformar a su gusto por falta de apoyos para abrir definitivamente el melón del Estado Autonómico y bajo la reforma del Título VIII, destruir la unidad nacional, la España que conocemos, dando prevalencia a las fuerzas centrífugas que hoy campean en el gobierno, desde el propio PSO-E, pasando por PODEMOS, hasta llegar a ERC y ETA-BILDU, sobre las fuerzas centrípetas que piden orden y concierto y una reunificación del Estado y de sus competencias troncales que permita, a su vez, la unidad de mercado y de la economía que necesita un país pequeño como España (ver La otra idea de España) empero los imperantes y su séquito –que no gobernantes- a sabiendas de que la única oportunidad está en remar todos juntos, como ocurre incluso dentro de la UE, hacen que eso suene a “Una, Grande y Libre” para intentar tirar por tierra nuestra única salida. Divide y vencerás es el lema de nuestra izquierda. Usted, querido lector, sabrá muy bien lo que vota.