Hace unos meses, en la entrada «Objetivo Circulación«, poníamos de relieve las contradicciones y abusos de un sistema que va claramente contra los ciudadanos con la excusa de perseguir una completa seguridad vial. Unos meses después, los datos nos dan la razón cuando se publica en los medios que tras la entrada en vigor de la nueva Ley de Tráfico con su sinfín de restricciones e infracciones, en los primeros cinco meses del año en Castilla y León, se han duplicado tanto los accidentes como los fallecidos, respecto al mismo periodo de 2019, lo que sin duda nos aleja del objetivo de cero muertos en accidentes de tráfico para 2050. Mientras eso sí, la recaudación continúa adelante. Algunos, afortunadamente, ya han tomado cartas en el asunto y han presentado reclamaciones ante los respectivos TSJ contra las ZBE en defensa de aquellos ciudadanos que están pagando su Impuesto de Circulación pero que ahora no pueden acceder a ciertas áreas de ciertas ciudades porque sus vehículos ya no pueden obtener la etiqueta medioambiental (la Asociación de Vehículos Afectados por Restricciones Ambientales, AVARM, lo ha hecho en Madrid y la Asociación Plataforma de Afectados por las Restricciones Circulatorias, ASOCPARC, en Barcelona).
La Ley de Cambio Climático y Transición Energética fue la creadora de las ZBE en las grandes ciudades para impulsar la industria del coche eléctrico en España que no cuenta con muchos adeptos (este 2022 se esperan vender 40.000 eléctricos y 80.000 híbridos, un 4,4% y un 8,8% del mercado, respectivamente, a pesar de su fiscalidad diferenciada). Los consumidores no son idiotas, a pesar de la campaña constante a favor de los coches eléctricos/híbridos, y saben que los mismos, resultando un 30% más caros que los actuales de combustión, ofrecen un menor rendimiento y mayores dificultades en todos los sentidos mientras que lo que realmente necesitarían, electricos pequeños y baratos para las grandes ciudades, no aparecen en la oferta de los concesionarios ni en los anuncios de TV. No es la contaminación lo que les importa, sino la renovación del parque y, por lo tanto, la recaudación. Así, frenta a las campañas para repares todo, particularmente lo móviles, y no cambies los pequeños aparatos, te obligan a cambiar de coche. ¿Esto no es algo raro?
La UE es la que está detrás de todo esto -con el lobby automovilístico empujando- cuando la contaminación se genera en otros lugares del orbe (ver la entrada «Aclaraciones sobre la Energía, el Medio Ambiente y el Clima«) y persigue dos mantras, tanto el del medioambiente como el de la seguridad vial (quieren evitar 25.000 muertes y 140.000 heridos graves en los próximos 18 años, el papel lo aguanta todo) y, en su virtud, nos obligará también a adquirir, junto con esos coches nuevos y electrificados de algún modo -vale cualquiera para obtener una etiqueta cero o eco-, una serie de asistentes electrónicos, que serán obligatorios a partir de este año 2022 y entre los que destacan los nuevos EDR, que las fábricas estarán encantadas de vender y las agencias tributarias de gravar aunque muchos conductores ni los quieren ni los necesitan. Lo peor de todo llegará cuando lo que ahora nos venden como seguridad y anonimato, sea muy posiblemente aprovechado tanto para influir en la conducción de quién los paga como, en último término, para ir contra ellos si se ven involucrados en un accidente (que según la RAE es aquel «suceso eventual o acción de que resulta daño involuntario para las personas o las cosas«). La realidad, sin embargo, es tozuda: los accidentes están cada vez más relacionados con los errores humanos y con el estado de la vía y su señalización, pero las Administraciones ponen el acento en la velocidad y en otro tipo de cosas que llevan siempre a una mayor recaudación, en lugar de conducir a una mayor seguridad. Así de simple. Estamos ante un gobierno que sólo persigue recaudar y controlar a todos los niveles, por lo que, en lo que respecta a la circulación, tendremos más restricciones y obligaciones, forzandonos a pasar por caja, a cambio de menos seguridad y muchos menos derechos, hasta el punto que esos asistentes electrónicos obligatorios antes servirán para condenar a quién cometa cualquier error que para mejorar la seguridad vial. Estad atentos.
