La entrada en funcionamiento del RD-Ley 10/2022, de 13 de mayo, por el que se establece con carácter temporal un mecanismo de ajuste de costes de producción para la reducción del precio de la electricidad en el mercado mayorista (más conocido como la “excepción ibérica para el tope del gas”) ha puesto de manifiesto el estrepitoso fracaso de este tipo de medidas de intervención en el Mercado lo que, de entrada, debería llevar a su desactivación siguiendo la previsión que contempla la DA2ª de dicha norma.
Antes, el gobierno podía haber tomado nota de la iniciativa de su homólogo húngaro que recientemente fijó un precio máximo de 1,20€/l para la gasolina frente al precio de mercado que allí se situaba entonces en los 1,77€/l de media, lo que provocó inmediatamente que miles de ciudadanos de los países vecinos cruzaran la frontera para rellenar sus depósitos lo que obligó –para evitar subvencionar a los consumidores extranjeros- a limitar la aplicación de dicho precio máximo a los ciudadanos con residencia en Hungría lo que supuso inmediatamente un enfrentamiento con la Comisión Europea que denunció que tal limitación es discriminatoria. Exactamente eso es lo que va a pasar con la electricidad porque los futuros para el 4T2022 señalan que, frente al tope fijado en la Península Ibérica de 165 €/MWh (subvencionado, pues, por ambos gobiernos que deberán cubrir la diferencia con el mercado antes o después), los precios en Alemania alcanzarán los 324 €/MWh y en Francia los 578 €/MWh. Por eso Francia ya ha anunciado que va a comprar energía eléctrica en España y, cuando eso suceda dentro del mercado común europeo, resultará que países pobres como España y Portugal estarán subvencionando la energía a países ricos como Francia y Alemania. Un sindiós económico.
Y todo ello cuando llegan las medidas del BCE para controlar la inflación a partir de este 3T2022 (tapering y subida de tipos) junto con el anuncio de su Consejo de Gobierno de “actuar para hacer frente al resurgimiento de riesgos de fragmentación” en la Eurozona lo que, traducido al román paladino, significa que están próximas las exigencias de recortes por parte del Eurogrupo para reequilibrar nuestra economía que acompañarán al nuevo rescate que esta vez se viste de “programa especial de compra de activos para limitar el riesgo de fragmentación«, esto es, un programa de ayuda del BCE para salvar a los gobiernos que no podrán colocar su deuda en los mercados internacionales a un precio razonable, ayuda que vendrá, lógicamente, acompañada de exigencias como contrapartida, con medidas presupuestarias y fiscales, ya que serán los países miembros de la Eurozona los que asumirán el riesgo de impago que esos inversores internacionales no quieren asumir o que para asumirlo exigen primas de interés muy elevadas.
En este contexto y antes de quedar intervenidos -con ventaja para los países financiadores dentro del Eurogrupo- lo que deberíamos hacer en España no es topar los precios y subvencionar, por los inconvenientes vistos anteriormente tanto económicos como legales, sino bajar los impuestos a la energía para modular así su precio con lo que conseguiríamos: (i) favorecer al consumidor y no deteriorar aún más el poder adquisitivo de las familias y las empresas; (ii) controlar la desbocada inflación porque precisamente son esos precios de la energía los que hacen de principal cadena de transmisión de esa inflación al resto de los precios; (iii) mantener la competitividad de los productos españoles ya que la energía es uno de los principales costes de producción y transporte y, todo ello, (iv) sin perder mucha recaudación respecto de los ejercicios anteriores, al representar la misma un porcentaje sobre precios más altos. Lo que está claro es que vamos a necesitar nuevas estrategias y muchos cambios estructurales si esta vez queremos sobrevivir en Europa y en el Mundo. Excepciones y politicuchos sobran.
