¿Dónde está la bolita? Esa es la pregunta del millón desde que los políticos de todo signo -particularmente los de ‘la PPSOE’– en lugar de trabajar para resolver los problemas de la ciudadanía, fundamentalmente los relativos a la economía, la sanidad, la seguridad y la educación, ofreciendo soluciones eficientes en términos de prestación-coste, se dedican a enredar la situación buscando únicamente réditos políticos. Esto es lo que sucede de nuevo con la Ley de Equidad Sanitaria que acaba de aprobar el consejo de ministros para entregársela a las Cortes para su tramitación parlamentaria.
La ministra del ramo, Sra. Darias, ya anuncia a bombo y platillo que con la misma quieren «blindar la sanidad pública» vetando la actual derivación de pacientes hacia la sanidad privada para aligerar las listas de espera, restringiendo así la colaboración público-privada que quedará, con su futura promulgación, sólo para situaciones excepcionales, documentadas y motivadas, «cuando no sea posible la gestión directa«, sin perjuicio de regular nuevos consorcios que sean «100% de titularidad pública«. Esta Ley de Equidad Sanitaria no llega precisamente en un escenario en el que la sanidad pública (“la mejor del mundo” como la proclaman) haya dado el do de pecho, más bien al contrario: tras el fiasco en la gestión de la pandemia ahora está prácticamente colapsada.
La sanidad privada ha formado parte del SNS desde hace décadas y, desde su papel complementario, de socio estratégico, fiable y flexible, ha ayudado positivamente en la gestión sanitaria que tienen cedida las CCAA que, a pesar de dicha ayuda, acumula actualmente más de tres millones de personas en lista de espera, lo que pone de manifiesto, una vez más, que las decisiones políticas poco o nada tienen que ver con las necesidades ciudadanas. En números –que es como se tienen que analizar las cosas- el presupuesto sanitario público destina a conciertos un 11% siendo la partida más importante la de ambulancias. El resto, aproximadamente un 8,3%, se destina a rebajar esas listas de espera o a conciertos singulares con algunos hospitales. Además, en términos de eficiencia, la sanidad privada consigue rebajar entre un 25% y un 60% los costes que presentan las mismas actuaciones en la sanidad pública, ahorro muy considerable si tenemos en cuenta además que el peso de la sanidad en el conjunto presupuestario de cada CCAA asciende, de media, al 40%.
En España, hoy por hoy, tenemos un clamoroso problema económico y sanitario que podría ser paliado, en parte, con una colaboración mucho más intensa entre lo público y lo privado en materia sanitaria –atendidos los números vistos anteriormente- pero en lugar de ello, actuando en beneficio directo del ciudadano-paciente que se vería atendido mejor y más rápido, los políticos, con iniciativas como esta Ley de Equidad Sanitaria, dejan claro que priorizan sus intereses ideológicos aun a costa de la salud de sus compatriotas, agravando, si cabe, el problema de salud y gasto público que presentamos. ¿Quieren acabar con la sanidad privada? Es muy sencillo: ¡Hagan que funcione la sanidad pública! En cuanto funcionase como debería esa sanidad pública universal y gratuita, la sanidad privada no tendría hueco en el mercado. No podría competir. Sin embargo, estos politiquillos nunca lo conseguirán porque la gestión privada de la sanidad les da cien vueltas contando con menos capital económico y humano -muchos hacen doblete entre lo público y lo privado- porque las empresas privadas nacen y sobreviven porque resuelven los problemas de sus clientes mientras que, a la sanidad pública, a lo público en general, esos problemas le traen sin cuidado. El que haya tenido que acudir a la sanidad pública por algún asunto no baladí… sabe de lo que le hablo. La equidad sanitaria es justo lo contrario de lo que practican.
