El gobierno de la ‘Frankenstein 2.0’, aún en formación, arranca tranquilo, gracias a tener al TC controlado, una XV Legislatura en la que varias de las concesiones realizadas a los ‘indepes’ para poder conformarse -al margen por completo del Pueblo- serán a buen seguro objeto de impugnación como la amnistía o la cesión de los servicios ferroviarios –Rodalies, en su acepción catalana- ya que forman parte, en algunos casos, de líneas de comunicación mucho más amplias que podrían caer dentro del concepto de «interés general» y, por lo tanto, de una «competencia exclusiva» del Estado. Tan es así, que el TC en 2016 frenó el intento del País Vasco de asumir varias líneas controladas por el Ministerio de Fomento porque eran líneas férreas «esenciales«, a pesar de abarcar dos líneas de cercanías de Bilbao.
La Constitución -lo que va quedando de ella- señala que serán «competencia exclusiva» del Estado las vías «que transcurran por el territorio de más de una Comunidad Autónoma» por lo que las CCAA solo «podrán asumir competencias» en itinerarios que se desarrollen «íntegramente» dentro de su territorio y por eso mismo las STC que han abordado este tema hasta ahora han señalado que junto al criterio geográfico se ha de valorar si la línea es una «infraestructura esencial» o tiene «interés general». En el caso de Vascongadas, frente a la Orden Ministerial de 2015 que listaba las líneas férreas «competencia exclusiva» del Estado, el gobierno vasco presentó, en 2016, un conflicto de competencias en que reclamaba para sí el control de varios trayectos que discurrían por su territorio. Entonces, el TC le dio la razón en dos trayectos menores -uno iba solo a una fábrica-, pero rechazó su pretensión en lo esencial. Así, rechazó conceder el tramo que daba acceso a una infraestructura «esencial» como el Puerto de Bilbao y lo mismo respecto de varias líneas que formaban parte del transporte de cercanías de Bilbao porque, aunque la mayoría del tráfico de pasajeros fuera para un trayecto de proximidad, la línea formaba parte de otra mayor que conectaba el País Vasco con las CCAA limítrofes.
El TC resumía entonces la cuestión de la competencia de la CCAA «a la concurrencia de una doble condición: se trata de tramos o partes de las vías férreas que, aunque nazcan o mueran fuera de la Comunidad en su itinerario total, discurren dentro de la Comunidad (condición positiva), siempre que el tramo en cuestión no forme parte de una infraestructura ferroviaria considerada de interés general por el Estado (condición negativa)». Sin embargo, ahora el ‘Rodalies’ que pretenden ceder a la Generalidad como parte del precio de la investidura de Sánchez incluye tanto líneas internas como otras que permiten el acceso a infraestructuras como el aeropuerto de El Prat o los puertos de Tarragona y Barcelona y otras de Cercanías que están integrados en la red que conecta con Francia y con las CCAA de Valencia, Aragón y Madrid. Así las cosas, se avecina otra maniobra rocambolesca para salvar el evidente choque competencial de una concesión que va contra la Doctrina Constitucional del TC ya que tendrá efectos sobre el resto de CCAA y que privará al Estado de controlar la conexión con la UE.
Lo peor de todo viene después porque del Acuerdo presentado se colige que el Estado cede infraestructura esencial pero la seguirá pagando y mucho más. Así, en el Anexo sobre Rodalies, se define ese «traspaso integral», a lo largo de la legislatura, de la titularidad de la infraestructura ferroviaria en la que los servicios prestados «sean de forma exclusiva» titularidad de la Generalidad «y puedan excluirse de la explotación conjunta del resto de la Red Ferroviaria de Interés General» así como un catálogo de pagos o inversiones que el Estado deberá afrontar en Rodalies entre los que encontramos 132M€ que se entregarán a la Generalidad «para sufragar la deuda existente con Renfe relativa a los servicios prestados» así como la asunción por parte del Estado de parte del canon que ADIF cobra por usar su infraestructura y, además, cada año, se calculará el déficit en que incurre RENFE con Rodalies y se hará la trasferencia correspondiente amén de «un compromiso vinculante de inversión» para cada año con garantía.
Otro pelotazo de estos sacamantecas que están arruinando al Resto de España. Espabilen rápido porque, económicamente, Sánchez les va a dar todo lo que les pertenece a ustedes.
