El bufete internacional Amsterdam & Partners, dirigido por Robert Amsterdam, prepara demandas por los «abusos sistemáticos y violaciones de derechos por parte de la Hacienda Española” y ha elaborado un informe donde se recogen algunas de ellas –todas sería imposible porque son el pan nuestro de cada día—señalando que «nos ha llamado gente que ha sido objeto de inspecciones políticas» y que «conocemos bufetes que han recibido amenazas«, asegurando que «nunca he visto el miedo como el que veo en los profesionales españoles. Si trabajo contigo me inspeccionan, mi firma no se lo puede permitir«.
El perfil de los demandantes es el de impatriados afectados por la Ley Beckham que van a luchar por sus derechos tanto en España como en Europa, ante el TJUE y el TEDH. Una iniciativa que, sin duda, beneficiará al resto de contribuyentes. En su informe titulado ‘Hacienda contra el Pueblo. España y la Ley Beckham’ detalla la «presión sobre los asesores. Se amenaza a los abogados con la pérdida de su derecho a ejercer si apoyan a un cliente que se resiste a la presión de la Agencia Tributaria (AEAT) para llegar a este tipo de acuerdos. Conocemos bufetes que han recibido amenazas de auditorías del IVA, una de las tácticas favoritas de los regímenes autoritarios del mundo. Hemos comprobado que a los abogados les asusta aceptar casos que impliquen medidas defensivas contra la AEAT. Éste es un impedimento considerable para la justicia«.
En la presentación del mismo, dijo que lo que ocurre en España «no es normal. Hacienda es una vergüenza para España, una desgracia nacional«. El problema es «el propio Gobierno, liderado en este tema por el Ministerio de Hacienda, debería ver que el ataque de la AEAT a la comunidad impatriada es jurídicamente erróneo, completamente contraproducente y que dañará gravemente la posición internacional de España«. En clave nacional rechaza que «Montero y los demás en el Gobierno dicen que van a recaudar dinero de los ricos. Esto es basura, lo van a sacar de usted y yo, de la gente normal«, precisando que «nadie viene a España con la intención de arriesgarse tanto para poder acogerse a la Ley Beckham. Es evidente que el programa de incentivos del Gobierno para los trabajadores extranjeros es gestionado por la AEAT como un señuelo y una trampa” poniendo como ejemplo a un impatriado con un salario de 750.000€, un rendimiento por inversiones en España de 5.000€ y de 250.000€ en el resto del mundo que podía acabar pagando 4,5M€ de ser excluido del ‘régimen Beckham’.
Se trata del RD 687/2005 sobre el régimen de impatriados que permite, a los extranjeros que se muden a España a trabajar, tributar como no residentes durante un cierto número limitado de años al tipo fijo del 19.5%. A finales de 2022, se amplió con la nueva Ley de Startups y los administradores societarios que trabajan por cuenta propia podían acogerse al igual que los trabajadores en remoto, los autónomos centrados en prestar servicios a startups o en actividades de formación, investigación, desarrollo e innovación.
El problema profundo son las brechas de inversión, productividad, empleo, etc… que el gobierno trata de suplir con los abusos de la AEAT confirmando lo que decimos desde hace años en este blog: que la PPSOE ha convertido a la AEAT en una máquina de extracción de rentas al margen por completo de la realidad del país y de sus gentes. Lo mismo que hacía en Sheriff de Nottingham en tiempos de Ricardo Corazón de León. Para Ámsterdam es clara «la tendencia hacia una mayor fiscalidad. La ratio impuesto/PIB ha pasado de estar por debajo de la media de la OCDE en 2009 (29,7%) a situarse muy por encima (37,3%) en 2023, lo que refleja una serie de factores, entre ellos el lastre fiscal. Desde 2000, ha aumentado más de un 4% mientras que el crecimiento medio de la OCDE en el mismo periodo sólo fue del 1%. La gente nota este tipo de aumento. Cuando alcanza el nivel español, crea una dinámica política difícil. Es problemático gravar con impuestos adicionales a particulares y empresas, sobre todo a los que tienen voto«.
El informe radiografía el modus operandi de la AEAT que «viola los derechos y principios de la UE» porque «hemos visto a la AEAT vulnerar las reglas de protección de datos y privacidad, arrastrando a los hijos de las víctimas a su investigación para asustar a los contribuyentes y lograr que se sometan» al convertir la búsqueda internacional de información en “una estrategia destinada a socavar la reputación del contribuyente de tal manera que sea más probable que acepte rápidamente hacer un trato que ponga fin a la investigación, sin tener en cuenta la existencia de una base jurídica. Los inspectores de la AEAT de esta manera preparan a las víctimas, para ablandarlas y hacerlas susceptibles a una oferta» al señalarlas como posibles evasores fiscales o blanqueadores de capitales, dañando de paso a sus socios comerciales. Concluye que son prácticas mafiosas de intimidación contra las que hay que plantarse de una vez por todas.
