El gobierno central ayer aprobó la condonación de la deuda pública de las CCAA por 83.254M€ que ahora inicia su trámite parlamentario. Una condonación auspiciada por Cataluña a cambio de los escaños indepes, en Madrid y en Barcelona, que a juicio de FEDEA (la Fundación de Estudios de Economía Aplicada) supondrá una sobrecondonación para Cataluña de unos 8.000M€ hasta alcanzar los 17.104M€ ya que la fórmula finalmente aplicada no se limita a compensar a las CCAA infrafinanciadas entre 2010 y 2022, sino que juega con otros factores y resulta desproporcionado respecto a la población ajustada.
Esa fórmula favorece a las CCAA más endeudadas. Con la fórmula inicial, la quita para Cataluña hubiese sido de 9.139M€, sin embargo, ahora consiguen 17.104M€. Todas las CCAA se benefician de la quita –si llegan a aceptarla– empero no lo hacen por igual cuando se analiza en clave de población. Cuando lo haces compruebas como Cataluña se lleva casi 1.000€ más, por habitante, que Madrid, rompiendo el principio de igual condonación por habitante ajustado al ponderar tanto la edad de esos habitantes como su dispersión geográfica.
A la tomadura de pelo de la condonación se le suma la del servicio de esa deuda que supone, en su conjunto, 7.000M€/año menos de intereses para las CCAA y 7.000M€/año más de intereses para el Estado (de entrar todos, repito). La deuda y los intereses no desaparecen, solo cambian de sede. Ese trasvase a un Estado ahíto de deuda reventará la calidad crediticia de España que, como vamos siguiendo periódicamente, acumula ya 1,69B€ y subiendo. Lógicamente, mejorará la posición financiera de las CCAA que finalmente se acojan facilitando que puedan volver a endeudarse en una espiral inaguantable. En este sentido, la CCAA de Cataluña ha elaborado un documento económico donde vende las bondades de la economía catalana a los potenciales inversores donde ya recoge que el pacto PSOE-ERC supondrá «una reducción de su nivel de deuda en 17.104 millones de euros … sin perjuicio de que el FLA pueda seguir operando como sistema de último recurso en caso de situaciones críticas de mercado«.
Las agencias de rating tienen una opinión negativa acerca del impacto del trasvase de deuda en España. S&P advirtió del riesgo moral que entraña dicha condonación al discriminar a las CCAA que más se han esforzado en mantener a raya la deuda y el déficit público, en favor de las más manirrotas. Denuncian que «en ausencia de una reforma estructural del sistema de financiación regional, la absorción de la deuda podría mejorar temporalmente la situación de las regiones, pero no evitaría nuevos déficits«. Moody’s, por su parte, alertó de la debilidad institucional del gobierno central en plena oleada de casos de corrupción porque «la estrecha mayoría del Ejecutivo en el Congreso lo deja expuesto a un cambio de estrategia política por parte de uno de los socios menores de la coalición«, apuntando a que “las tensiones políticas entre el gobierno central y las fuerzas independentistas en Cataluña seguirán siendo un factor clave en la legislatura 2023-2027«.
En definitiva, que la traslación de deuda desde las CCAA al Estado es un juego de manos político que para nada soluciona los problemas de la economía española que, según el consenso de esas agencias, requiere de un recorte significativo de la carga de deuda pública que pasa por la imprescindible «adopción de un plan creíble de consolidación fiscal a medio plazo y una ejecución presupuestaria más sólida, que conduzca a déficits consistentemente menores, a pesar de los aumentos en el gasto en pensiones y defensa«. ¿Hay algo de todo esto en el horizonte parlamentario? Por supuesto que no. Lo único que se vislumbra es un conflicto judicial con las CCAA del PP y Castilla La Mancha que consideran que todo es un truco para mantenerse en el poder regalando ingentes cantidades de dinero público a los indepes. Sigue votando a la PPSOE hasta que el tsunami de la deuda y las pensiones arrase con todo. En Francia ya está ocurriendo.
