Los analistas políticos del equipo de opinión sincronizada que viven subvencionados para intoxicar y polarizar a la opinión pública, insisten estos días en que la clave de la regularización anunciada por el gobierno –pendiente de aprobación y sustanciación, porque una cosa son los medios y el relato, y otra muy distinta la realidad de los hechos-la encontramos en el voto y las elecciones que están por venir –dando por hecho de que el actual gobierno sacará ventaja futura de ello—y todo a resultas de la gigantesca regularización de 800.000 inmigrantes que ya están en España desde hace años y que, en su mayor parte, se encuentran trabajando, aunque sin papeles. Son esclavos sin cadenas. No comparo ese análisis y creo que los tiros van más por el PIB que por el INE.
De un lado, tenemos el derecho de sufragio activo del 23.1 CE (”los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal”). No obstante, en las Elecciones Generales solo pueden votar los españoles mayores de edad inscritos en el Censo Electoral, independientemente de que residan aquí o en el extranjero. En las Europeas, a los anteriores se les añaden los nacionales de cualquier otro país de la UE que residan en España, siempre que estén empadronados y hayan manifestado su voluntad de votar en España en esas concretas elecciones. Y en las Locales, a los primeros se les sumarán los ciudadanos de la UE residentes en España, inscritos en el censo electoral y en el padrón municipal del municipio en cuestión, teniendo declarada su intención de votar en las Municipales que, a diferencia del anterior, aquí tiene carácter permanente hasta nuevo aviso. También pueden votar –aunque entiendo que es bastante residual—los ciudadanos de terceros países con Acuerdos de Reciprocidad para las Municipales. De otro, tenemos el derecho de sufragio pasivo del 23.2 CE (“asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes”). El derecho a presentarse como candidato y ser votado dentro de las condiciones marcadas por la LO 5/1985, del Régimen Electoral General.
Así las cosas, resulta que esas 800.000 personas, aunque fueran regularizadas mañana mismo, no podrían votar ni en las Generales, ni en las Europeas, ni en las Municipales, por no reunir los requisitos anteriores con la posible excepción –residual– de los Acuerdos de Reciprocidad para las Municipales. Luego, apuntar a que los votos y las elecciones están detrás de tamaña regularización es una solemne tontería. El INE aquí no pinta nada porque esos tíos, en su inmensa mayoría, ni votan ni votarán en muchos años. Además, cuando logren la nacionalidad, nada impide pensar que su voto tenga un sesgo muy diferente al que podrían tener ahora mismo. A más a más, muchos se sorprenden de que sean los propios inmigrantes ya regularizados los que rechacen abiertamente la inmigración ilegal porque son ellos los primeros afectados. La inmigración ilegal afecta siempre a los más débiles.
El asunto, por tanto, va de PIB y de recaudación impositiva. La PPSOE ha permitido esa inmigración ilegal y ha mirado para otro lado cuando la inmensa mayoría se integraba en el tejido productivo y trabajaba sin papeles. Lo hacía por tres motivos: (i) porque proveía de mano de obra barata y manejable a la economía española, sobre todo a sectores que requieren de brazos sin cualificación y que ven presionados sus márgenes por los altos costes laborales y por la negativa de muchos españoles para ocupar esos puestos; (ii) porque, con ello, quitaba presión a los más de 3M€ de parados y subsidiados que la PPSOE tiene ‘a sueldo del Estado’ y que sí tienen derecho a voto; y (iii) porque, en el fondo, les extraía dinero a través de los mayores beneficios de las empresas para las que trabajaban ilegalmente y a través de la maraña de impuestos indirectos y tasas con la que nos tienen machacados a todos. Un ‘Negocio Comansi’ al no gozar del paquete de derechos completo.
Ahora, sin embargo, la precampaña electoral y el mal ejemplo de JxCat –que ya no se conforma con dinero– ha hecho que PODEMOS obligue al gobierno franquenstein a lanzar esta nueva campaña de regularización masiva –creo que es la séptima de la PPSOE—para volver al ‘candelabro’ político que diría la Mazagatos. El problema es que los impuestos y las cotizaciones de esta gente no dan para pagar las prestaciones que recibirán del ‘Estado del Bienestar’ y eso será ruinoso para nuestra economía. Por eso los persigue el ICE en USA: no por ilegales, no por extranjeros, no por el color de su piel, sino sencillamente porque no les salen las cuentas. Reflexiónalo.
