El pasado febrero de 2026, el consejo de ministros aprobaba el Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública (LOIP), dentro del Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, poniendo el acento en combatir la corrupción política y económica en el ámbito público para –siempre a su decir– eliminar unas prácticas que dañan la democracia, generan desafección y ponen en cuestión a las instituciones. Un objetivo imposible mientras no haya separación de poderes y unas instituciones independientes. Esa LOIP incluirá 84 medidas y modificará 18 leyes a través de 5 ejes: (i) la prevención de riesgos y el fortalecimiento de los controles; (ii) la investigación; (ii) la acción de la Justicia y las sanciones; (iii) la sensibilización de los ciudadanos; (iv) la recuperación de activos malversados, y (v) la protección de los informantes. Si fuera cierto lo que pretenden, habrían metido ya en la cárcel a la mitad de la PPSOE y vemos como la inmensa mayoría, sobre todo los jefes, se van de rositas a diestra y siniestra.
La LOIP traerá consigo otro chiringuito público: la Agencia Independiente de Integridad Pública (AIIP), donde colocarán a sus comisarios públicos para… defenderse a sí mismos y a la PPSOE. Esta nueva agencia –será por agencias– aglutinará a estas tres: a la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI), a la Autoridad Independiente de Protección del Informante y al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude. Otra cosa que quieren incrementar es el control sobre partidos políticos –para frenar a la oposición– obligándoles a hacer una auditoría externa, si reciben más de 50.000€ de fondos públicos, y a presentarla junto con las cuentas anuales ante el Tribunal de Cuentas. Limitarán las donaciones opacas –que pasan de 25.000€ a 2.500€– y los contratos que firmen se regirán por la Ley de Contratos del Sector Público. Mejorarán la detección y la erradicación de actos delictivos o fraudulentos en la contratación pública y el registro de empresas con prohibiciones para contratar con las AAPP pasará a ser público y accesible, cruzando datos con otros registros. Finalmente, se crearán ‘comités de integridad’ en todos los ministerios y se modernizará la Plataforma de Contratación del Estado y la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
Paralelamente, habrá cambios en los tipos penales. El plazo de prescripción para este tipo de delito de corrupción pasará de 5 a 7 años y las penas de inhabilitación se irán a 20 años. El tráfico de influencias será castigado de manera más severa y la prohibición de contratar con las AAPP será de hasta 10 años. Habrá subtipos agravados para la obstrucción a la Justicia y se reforzará tanto la Administración de Justicia como el MF, creando un sistema de protección de las personas informantes. Aumentarán las competencias de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) con figuras jurídicas como el ‘decomiso sin condena’ o el ‘decomiso de riqueza no justificada’, habilitando la venta anticipada para evitar el deterioro de los activos decomisados. La devolución de lo robado otorgará beneficios penitenciarios. También aumentará la coordinación con otras normas, como las futuras ‘Ley de ‘Lobbies’ y ‘Ley de la Administración Abierta‘ –será por leyes– para vigilar a todos los que tienen capacidad de gestionar recursos públicos.
Todas esas bondades, sin embargo, no han contado con el visto bueno del Consejo General del Notariado –por eso la independencia no les gusta– que considera que estas reformas tienen más de burocracia y mayores costes para las empresas que de efectividad para perseguir la corrupción. No creen que la llave esté en desnaturalizar el Derecho Mercantil cuando, además, las medidas interesadas pueden burlarse fácilmente eligiendo formas societarias alternativas. Consideran que la Base de Datos de Titularidad Real del Notariado ya facilita transparencia contra el blanqueo. Critican abiertamente que con documentos privados con firma electrónica se pueda acceder al Registro Mercantil y que tal extremo compromete “la seguridad jurídica, ya que privilegia documentos privados sobre públicos, contradiciendo principios como el artículo 18 del Código de Comercio y facilitando fraudes”. Sugieren soluciones más simples, como modificar el 106 LSC, para exigir escritura pública en las transmisiones, obligar a la llevanza del libro de socios en Registro o regular direcciones únicas, sin alterar el paradigma registral. Concluyen señalando que “van a aumentar los costes para las empresas y la burocracia sin incrementar la eficiencia del objetivo de lucha contra la corrupción” y que esa reforma “podría generar un mercado B de participaciones, un tráfico descontrolado. En el Registro, si entra basura, no puede salir más que basura … En ningún país se contempla la convivencia de dos registros: el de socios y el Registro Mercantil”.
¿Queremos acabar con la corrupción? Pues es mucho más sencillo: lo primero es la separación de poderes; lo segundo, sacar a los políticos de las instituciones de contrapoder para hacerlas totalmente independientes; lo tercero, dejar de robar desde la cúpula de los partidos porque la corrupción se extiende de arriba abajo por imitación; lo cuarto, cumplir con la ley y aplicarla a todos por igual; lo quinto, un Tribunal de Cuentas como Dios Manda y Quiere qué se preocupe de adónde va cada euro público y que interese la responsabilidad de quienes contribuyan a desviarlo o malversarlo. España no necesita más mierda normativa de la PPSOE como esta LOIP. Lo que necesita es decencia y responsabilidad y unas reglas de juego claras y sencillas, porque cuando no están claras o no son sencillas, lo que hacen es permitir un mayor grado de corrupción. Esto no es nuevo: Napoleón ya pidió en su momento una Constitución bien grande, con muchos artículos y páginas, sabedor de que cuanto mayor y más confusa es la norma más fácil es saltársela y justificarlo. Deja de votar a la PPSOE. Te lo digo muy en serio.
