Hace semanas ya glosamos en este blog (El TS le para los pies a AENA) una parte de la batalla legal que sigue AENA contra sus arrendatarios, la empresa pública española constituida en sociedad anónima con un 51% de su capital en manos del Estado Español -y, por lo tanto,del Desgobierno Comunista- que gestiona los aeropuertos de interés general en España, a la que ahora, una moción de Coalición Canaria, aprobada tanto en el Senado como en el Congreso, obligará a rebajar finalmente sus alquileres en unas instalaciones que han sufrido una caída, en números redondos, del 80% de sus usuarios respecto al ejercicio 2019.
Sin embargo, este Desgobierno Comunista y la propia empresa han anunciado su intención de llevar el asunto tanto ante el Tribunal Constitucional como ante a Bruselas con tal de no rebajar la Renta Mínima Garantizada Anual (RMGA) que pagaban los inquilinos de los comercios ubicados en dichos aeropuertos soslayando las terribles caídas de tráfico en los mismos y alegando anticonstitucionalidad, inseguridad jurídica y unas futuras pérdidas de 2.000M€. Es decir, que una compañía mayoritariamente en manos del Estado y en la que el gobierno tiene mucho que decir va a ir en contra de la moción de rebaja aprobada en ambas Cámaras. El Desgobierno Comunista cuenta con el poder necesario tanto para presentar dicho recurso de inconstitucionalidad (ya que pueden plantearlo, entre otros, el presidente del Gobierno o 50 diputados o 50 senadores incluso los ejecutivos y Asambleas de las CCAA) como para llevar el asunto, como socio capitalista de AENA, ante la Comisión Europea denunciando esa reforma como una ayuda de Estado a dichas empresas porque el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) prohíbe las ayudas de Estado que beneficien a determinadas empresas y falseen la competencia, aunque en ciertos casos puedan ser autorizadas.
La ayuda de estado se basaría en la enmienda que acaba de aprobarse y que dice que «la parte proporcional de Renta Mínima Anual Garantizada (RMAG) establecida en los contratos correspondiente al periodo de tiempo que se extiende entre el 15 de marzo de 2020 y el 20 de junio de 2020, ambos incluidos, quedará suprimida y no será exigible su pago por Aena» ya que la propia AENA ya había propuesto a sus inquilinos cobrarles el 50% desde el 21.06.2020 hasta el 30.09.2021 para recuperar el 100% a partir de octubre, periodo para el que la enmienda aprobada establece que esa renta mínima «quedará reducida en proporción directa al menor volumen de pasajeros del aeropuerto» respecto a los niveles de 2019 y «se aplicará en todos los años posteriores hasta que el volumen anual de pasajeros sea igual al de 2019» precisando además que esta modificación «tendrá carácter obligatorio para Aena y producirá plenos efectos jurídicos aun cuando las partes hubiesen alcanzado acuerdos diferentes» porque algunas empresas habían litigado ya para obtener quitas y rebajas en dichos alquileres y no siempre habían ganado a AENA.
No hay que ser ningún gurú mercantil para advertir que la recuperación del 100% de la renta que los distintos inquilinos satisfacían a AENA en 2019 desde este próximo mes de octubre, cuando el tráfico aéreo dista mucho en España de haber recuperado siquiera el 50% real con la espantada de la mayoría de los turistas, constituiría un torpedo en la línea de flotación de muchas empresas, tanto grandes como pequeñas que conjuntamente sostienen más de 14.000 empleos, motivo por el que solicitaron ayuda a los distintos grupos parlamentarios que ahora les han respaldado mayoritariamente con la aprobación de esa enmienda al Proyecto de Ley de Ordenación del Transporte.
En abierta contradicción con las Cámaras, este Desgobierno Comunista ha dado orden a AENA de combatir la decisión de las Cortes dando buena prueba de lo que para ellos significa ese “escudo social” del que tanto hablan (“nadie se va a quedar atrás”) cuando, como hemos visto con la electricidad y con el gas, lo más cierto es que sólo les interesa su recaudación a costa de quienes sea. Los ciudadanos les importamos nada. Así que los habitantes de La Palma, a los que les acaban de prometer lo mismo, ya pueden poner sus barbas a remojar. El que quiera ver, que vea.
