La Iglesia Católica en España está ofreciendo un vago perdón a sus víctimas de abuso y pederastia mientras en Francia han reconocido sin tapujos tales prácticas y se dirigen a indemnizar a todas las víctimas que suman más de 300.000 entre las de sacerdotes y seglares. Entretanto, en España, con 220 sacerdotes implicados y 945 víctimas contabilizadas hasta el momento en sus 70 Diócesis, la Conferencia Episcopal sigue dando largas a la situación haciendo hincapié, eso sí, en los 2M€ satisfechos en indemnizaciones sin precisar que afectan sólo a 173 víctimas y que, en realidad, tienen su origen en procedimientos judiciales bien por una condena bien por un acuerdo extrajudicial para zanjarlo. La realidad, en España, es que muy pocos casos se han denunciado y se denuncian por lo que la mayoría prescribe sin llegar a juicio.
Lo normal, según los investigadores, es que el Obispo de turno trate de tapar el asunto comprando el silencio de la víctima haciendo uso de un dinero que cada obispado tiene reservado para hacer buenas acciones en caso de urgencia. Así lo recoge un juez eclesiástico cuando afirma “Eso comenzó a extenderse a partir de la década de los noventa y comienzos del 2000. Había dinero bajo mano con la condición sine qua non de silencio. Ese dinero se daba en negro. Se utilizaban los fondos reservados que tiene cada diócesis, pero que ¡ojo!, son para hacer el bien y no se tiene que dar cuenta de para qué se utiliza ese dinero”. Así que, en realidad, la Conferencia Episcopal Española (CEE) sigue tapando todos los datos referidos a esta infamia por lo que “muchas diócesis siguen presentando sus balances con un apartado llamado ‘otros gastos’ donde no dan cuenta de en qué se han gastado ese porcentaje de dinero” según le asegura un experto en Derecho Canónico al diario El PAÍS que hace de punta de lanza en la investigación e información de este tipo de abusos y que ha elaborado la primera base de datos de pederastia en la Iglesia Española en la que contabiliza los casos de abusos conocidos, incluyendo sentencias, investigaciones periodísticas y denuncias públicas que hayan destapado esos delitos.
En España se quiere evitar un alud de reclamaciones que genere un problema económico a la Iglesia Católica –del problema moral ni se habla- por lo que muchas Diócesis están contratando bufetes de abogados para preparar su defensa ante las responsabilidades económicas que se puedan derivar de las mismas con la intención de rebajar su responsabilidad al mínimo mientras la CEE sigue dando largas, haciendo declaración de sus buenos deseos mientras se niega a investigar en serio este problema. El temor económico, por otra parte, es fundado porque la Conferencia Episcopal Alemana está pagando 50.000€ por víctima y la Conferencia Episcopal Australiana, a través del Plan Nacional de Indemnización del Gobierno, está pagando unos 71.000€ por víctima. Sin embargo, en España, sin trasparencia ni igualdad, las cifras conocidas son muy bajas comparadas con las anteriores: hasta 5.000€ para un abuso leve; hasta 10.000€ para uno medio y hasta 15.000€ para uno grave (imponiendo, siempre, una cláusula de silencio), siguiendo un poco el baremo para los accidentes de tráfico. Para las víctimas, lógicamente, la cosa es muy distinta y José Luis Pérez, una de las víctimas del colegio de los Reparadores en Puente La Reina (Navarra) lo explica diciendo que “todos los millones del mundo no pueden sanar el sufrimiento que hemos vivido, porque te das cuenta de que con esto vas a vivir toda la vida, que no lo vas a olvidar nunca y que estás marcado hasta el final de tus días. Y no pensabas que iba a ser tan largo, que te iba a afectar a tu salud de forma tan grave, como nos está pasando a muchos”.
En definitiva, ahora, la presión que en el fondo ejercen las Conferencias Episcopales más responsables y “cristianas” está haciendo que las Diócesis Españolas estudien compensaciones económicas para las víctimas que así lo soliciten y que se analizarán caso por caso – no como un criterio general, ni como un fondo abierto- con base en el Código Canónico. Esta es vuestra oportunidad para reclamar y obligar a que la CEE tome cartas de una vez por todas en un asunto que, de no atenderse debidamente, puede disparar la intervención de las instituciones del Estado que hasta ahora se han mantenido al margen pero que terminarán por exigir una reparación igualitaria, más simbólica y pública, como la única vía para que esta infamia no se repita. Al tiempo.
