Nuestra Constitución prevé la participación de los ciudadanos en el proceso de la producción normativa a través de una figura denominada Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que permite, por una parte, instrumentar la directa participación del titular de la soberanía (el pueblo) en la tarea de elaboración de las normas que rigen la vida de los ciudadanos y, por otra, que posibilita la apertura de vías para proponer al Poder Legislativo la aprobación de normas cuya necesidad es ampliamente sentida por el pueblo. La Constitución la recoge en su Art. 87.3 CE que señala que “una ley orgánica regulará las formas de ejercicio y requisitos de la iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley. En todo caso se exigirán no menos de 500.000 firmas acreditadas. No procederá dicha iniciativa en materias propias de ley orgánica, tributarias o de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia«, disponiendo, luego, su regulación en la LO 3/1984.
En el Congreso se han presentado 142 ILP, desde 1983, pero muy pocas superaron la barrera inicial de las 500.000 firmas y aunque algunas siguen en proceso de tramitación ninguna se ha convertido en ley por el momento, ya que la mayoría han sido inadmitidas, han caducado o se han retirado. En este contexto de fracaso de esta vía, ahora, seis años después de la última (“Proposición de Ley para la eliminación de privilegios de índole retributiva de la clase política cesada” de 2016), los colectivos en defensa del Mar Menor, entre los que se encuentra la plataforma ciudadana SOS Mar Menor, han interesado a través de una ILP la promulgación de una ley que dote de personalidad jurídica a la laguna salada del Mar Menor, presentando el pasado mes de octubre en la Junta Electoral Central 639.826 firmas de puño y letra para promover primera proposición de ley para dotar a un ecosistema de derechos propios. No existen precedente jurídico en Europa, pero sí en el Derecho Internacional Comparado donde países como Colombia, NZ o EEUU protegen espacios naturales con esta figura. La ILP ya está en trámite y ha pasado, desde la Mesa de la Cámara, al gobierno y desde allí a la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Congreso ante la que intervino, el pasado 15.03.2022, Teresa Vicente, catedrática de la Universidad de Murcia e impulsora de la idea, para defender que «que el Mar Menor obtenga su ley de derechos, siendo el primer ecosistema de Europa que lo logre, le dará fuerza para resolver la ilegalidad que hay a su alrededor y para emprender un nuevo camino«, algo necesario cuando las normas y figuras de protección de dicha laguna costera no se cumplen.
El proceso se inicia mediante la presentación de la documentación en la Mesa del Congreso que examina la documentación remitida y se pronuncia, en el plazo de 15 días, sobre su admisibilidad. A continuación, la comisión promotora de la ILP cuenta con 9 meses para recoger las firmas –que puede ser prorrogado por causas de fuerza mayor- y cuyos gastos serán compensados por el Estado siempre que se alcance el número de firmas requerido y se inicie la tramitación parlamentaria. Lo que destaca de esta iniciativa es que puede reabrir esta vía para que la Sociedad Civil presente iniciativas legislativas necesarias ante la inacción de las Cámaras para implementar las reformas necesarias en este país al estar sometidas a los juegos de la partitocracia imperante ya que, desde 2006, la recogida de firmas también puede ser con firma electrónica lo que, sin duda, puede facilitar el apoyo transversal de una buena parte de la ciudadanía, que ya maneja esos recursos electrónicos a lo largo y ancho de España, sobre futuras ILP que interesen cambios a favor de toda la ciudadanía.
Hasta entonces, habrá que seguir la tramitación de esta ILP por el Mar Menor que deberá contar juristas expertos con experiencia previa internacional para poder encajar esos nuevos derechos de la naturaleza dentro del Ordenamiento Jurídico tanto nacional como europeo. Los promotores creen posible tener la ley en mes y medio para “finales de mayo” aunque luego su aplicación requerirá de un reglamento posterior. En definitiva, una nueva y oportuna ILP provocada por la inacción de todas las Administraciones Públicas, tanto del orden legislativo como del orden ejecutivo, respecto del Mar Menor y que además puede suponer el renacimiento de esta figura cuando España necesita más de una Sociedad Civil que trabaja y conoce los problemas y que, por lo tanto, puede solucionarlos, que de una Administración ajena a la realidad e incapaz de resolver nada.
