La Diputación Permanente del Congreso –donde no está JxCat, pero sí el PNV– acaba de dar luz verde al primer ‘Decreto Maricarmen’ que el Pleno rechazó hace unas semanas. Intentan llevarse una baza electoral aprobando la siguiente intervención en el mercado de la vivienda que la oposición ha prometido derogar si ganan las elecciones, a saber:
1/ Prórroga extraordinaria de dos años para los contratos de alquiler que venzan antes del 31.12.2028. No es automática. Pueden solicitarla al casero los que estén al corriente de pago y lo hayan estado en los 8 meses anteriores.
2/ Límite a la actualización. Los caseros no podrán actualizar las rentas hasta el 31.12.2027, si la renta ya supera el máximo del índice de precios de referencia del Ministerio de Vivienda. Solo podrán subir un 2% si no superan ese umbral.
3/ El alquiler de habitaciones pasa a tener un precio regulado. La suma no podrá superar el importe de la renta del contrato de arrendamiento unitario del inmueble entero.
4/ Suspensión de los desahucios hasta 2030. Los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional quedan suspendidos hasta el 31.12.2030 cuando el casero sea una empresa. Para el resto, la suspensión se revisará cada 12 meses y tendrá una duración máxima de 3 años. En desahucios por impago, el inquilino podrá poner fin al proceso judicial si paga las cuantías adeudadas. En caso de vulnerabilidad económica del inquilino, la CCAA tendrá que ofrecer una alternativa habitacional adecuada o, en su defecto, pagar al arrendador o consignar judicialmente la totalidad de las cantidades reclamadas y devengadas hasta ese momento, así como las costas procesales a favor del demandante. La Administración General del Estado compensará a las CCAA por este coste.
5/ Prohibición de compra de vivienda a los fondos. Hasta el 31.12.2030 quedan prohibidas las adquisiciones de vivienda a toda entidad, jurídica o no, por un precio inferior al 70% de su valor de tasación de mercado y también a los ‘grandes tenedores’, es decir, a los propietarios de más de 10 viviendas o de 5 si se encuentran en zonas tensionadas.
6/ Bonificaciones fiscales para caseros e inquilinos. Los caseros que no sean grandes tenedores y rebajen la renta más del 5% respecto al contrato anterior podrán acceder a bonificaciones fiscales. Los inquilinos tendrán una deducción fiscal del 10% en el IRPF por las rentas satisfechas para el alquiler de la vivienda habitual si ganan menos de 33.007,20€/año.
7/ IVA del 10% para los pisos turísticos a partir del 01.12.2026. También se permite a los ayuntamientos, en las zonas tensionadas, establecer un recargo de hasta el 50% del IBI para este tipo de inmuebles.
8/ Préstamos del ICO. Sin intereses ni comisiones, de hasta 50.000€ para la entrada de la primera vivienda (hasta el 20% del valor). Con carencia hasta que finalice el pago de la hipoteca o un máximo de 30 años. Luego tendrá un plazo de 10 años para su reintegro. Esas viviendas quedarán sujetas permanentemente a un precio máximo de transmisión.
9/ Modificación del régimen fiscal de las SOCIMIS. Ese tipo de sociedades tendrá un gravamen especial del 25% de los beneficios no distribuidos procedentes de la actividad de arrendamiento o cesión de uso residencial, incluidos los alojamientos turísticos y los de corta duración, en la parte correspondiente a las rentas que no hayan tributado al tipo general del IS ni estén acogidas al período de reinversión previsto. El gravamen se reduce un 50% cuando más del 80% del parque de viviendas en arrendamiento sea asequible, o en un 100% cuando, además, el beneficio no distribuido se reinvierta en 3 años en viviendas destinadas al alquiler asequible.
10/ Regulación para los portales. Todo anuncio de promoción y oferta de arrendamientos de vivienda deberá incluir el índice de referencia del precio del alquiler y, en su caso, el límite de renta aplicable y la condición de gran tenedor.
11/ Recargo en el IBI a la vivienda cerrada. Los ayuntamientos podrán cobrar un recargo del 50% en el IBI de las casas que lleven cerradas sin causa justificada más de 2 años, si están en zonas tensionadas y pertenecen a titulares con 4 o más inmuebles de uso residencial. Podrá ser de hasta el 100% cuando la desocupación supere los 3 años.
El segundo ‘Decreto Maricarmen’, ese que contemplaba renovaciones automáticas del alquiler e indemnizaciones a los inquilinos por parte de los propietarios, no sale adelante.
