Mientras nos entretienen con las elecciones presidenciales en los EEUU y nos sedan, Cámaras incluidas, con la prórroga del Estado de Alarma, todas las iniciativas legislativas se dirigen a demoler nuestra Constitución en un movimiento que yo calificaría de Pandemia Constitucional.
La prórroga del Estado de Alarma, durante 6 meses y sin control parlamentario, es el enésimo ataque a una Constitución indefensa si una mayoría parlamentaria (194 votos a favor, 53 en contra y 99 abstenciones) decide infringirla y conculcar a la vez la LO 4/1981, reguladora de los estados de Alarma, Excepción y Sitio. La Constitución goza de aplicación directa y el Art. 116.2 CE y el Art. 6.2 de Ley Orgánica 4/1981 señalan respectivamente que “el estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo” y que la duración del Estado de Excepción (único en el que se podrían tomar las medidas restrictivas de los Derechos Fundamentales y las Libertadas Públicas que ya se están tomando bajo el Estado de Alarma) no podría “exceder de treinta días, prorrogables por otro plazo igual, con los mismos requisitos”. Resulta claro, por tanto, que el Desgobierno Comunista se está saltando la Carta Magna y la LO 4/1981 a la torera y que está disfrazando de modificación legislativa al amparo de su mayoría frankenstein una modificación de la Constitución para la que no tiene la mayoría reforzada necesaria, por lo que nos encontramos ante un gigantesco Fraude de Ley por parte de quienes están obligados a defender el Orden Constitucional y que, sin embargo, sólo se dedican a menoscabarlo.
Su intención a corto plazo es esquivar el control judicial inicial de todas esas decisiones políticas que no sanitarias impidiendo que los TSJ puedan pronunciarse antes de la aplicación de las decisiones políticas de las CCAA –porque saben que no cumplen con las exigencias de la Ley y de la Constitución- para así poder actuar en la vía de hecho relegando el control judicial a un momento muy posterior en el que las decisiones tomadas no tengan marcha atrás en la práctica. Todo ese movimiento de Pandemia Constitucional nos instala en el terreno de la inseguridad jurídica, de la arbitrariedad de los poderes públicos y nos conduce inexorablemente a la Dictablanda cuyos efectos serán muchísimo más perniciosos y duraderos que los de la pandemia china.
A todo esto, se le suma ahora un nuevo ataque al Art. 3 CE que señala que “el castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla” y que “las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos” cuando el Desgobierno Comunista quiere introducir en el Proyecto de LOMLOE (Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación) una modificación que liquida la actual DA 38 de la LOE que hasta ahora obligaba a las Administraciones educativas “a garantizar el derecho de los escolares a recibir las enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios” y que dotaba al castellano “del carácter de lengua vehicular” de la enseñanza en toda España. Al destruir al castellano como lengua vehicular e imponer, en consecuencia, la inmersión lingüística en Cataluña –a la que seguirán otras CCAA- se está atentando directamente contra el Art. 2 CE que señala que “la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación Española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas” y contra el Art. 1 CE que indica que “la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado” al permitir que una parte decida sobre el porvenir y la unidad de todos.
Nos están asaltando desde dentro sin que haya una previsión ni constitucional ni penal contra aquellos que desde el Poder Ejecutivo intentan controlar a los otros dos Poderes, el Legislativo y el Judicial, amén de controlar ya al cuarto poder, el poder informativo, por lo que la única respuesta posible es obligar a tomar cartas en el asunto a los distintos tribunales, en función de sus competencias, denunciando cada uno de los hechos puntuales de los que se tenga conocimiento, a las personas o funcionarios que personalmente están detrás de esas acciones que puedan constituir una infracción de las Leyes o de la Constitución. Esa es la única posibilidad que tenemos ahora mientras los partídos políticos tengan secuestrada la conciencia y la voluntad de los diputados y senadores y, por ende, tengan secuestrada a la propia Democracia.
