Tal y como recoge la prensa, la AEAT acaba de pactar con los sindicatos su nuevo plan de retribución para sus 24.000 funcionarios en el que se establece un bonus de productividad de hasta 100M€, 75M garantizados y otros 25M más si se alcanza el volumen total de crédito que les asigna el Ministerio de Hacienda, con el objetivo de, sobre todo, incrementar la recaudación por IRPF e IVA. Se trata del mayor bonus de los últimos tres ejercicios (en 2019 ascendió a 95M€) y dobla al del pasado año.
A decir de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda estos incentivos están en línea con lo solicitado porque consideran que la remuneración variable por objetivos contribuye a la lucha contra el fraude fiscal. En números redondos, con este bonus de productividad, un inspector con más de dos años de antigüedad que ya percibe un salario bruto anual de 80.000€, si consigue llegar a los números asignados eso le puede suponer unos 8.550€ adicionales al año.
El problema no está en el bonus, está en que la AEAT no se comporta como debería –aquí hemos comentado en varias ocasiones los abusos continuos y crecientes– como lo ponen de manifiesto cada día las resoluciones de los Juzgados y Tribunales (p.e. respecto a los registros ilegales) por lo que este bonus en lugar de luchar contra el fraude fiscal –que como mejor se combatiría sería bajando los impuestos- supone un incentivo para las prácticas mafiosas que en muchas ocasiones protagoniza la AEAT ya que sus actas gozan, en un principio, de la presunción de veracidad, objetividad e independencia que dichos incentivos vienen a contradecir porque convierten a los inspectores en juez y parte.
La legislación tributaria es compleja y los funcionarios de hacienda la aprovechan para ir más allá de la norma para conseguir así aumentar el número y la cuantía de sus liquidaciones alterando, por ejemplo, la valoración de los distintos bienes para generar mayores bases imponibles o eliminando gastos deducibles con idéntico fin y siempre cambiando la interpretación de la norma tributaria para seguir pescando en aguas revueltas aplicando además sanciones independientemente del comportamiento que haya tenido el sujeto tributario. Por ello, la existencia de incentivos resulta perversa porque no existe un contrapeso como un catalogo de infracciones y sanciones a aplicar a aquellos funcionarios que realizan mal su trabajo, incumpliendo la Ley -las alegaciones ante la propia AEAT en fase administrativa, independientemente de su fundamentación, siempre caen en saco roto- y obligando al contribuyente a acudir a los Tribunales para defender sus derechos en una práctica pensada, cada vez más, para cansar y rendir a los ciudadanos que ven como cuando triunfan en los Tribunales muchas veces no se condena en costas a la Administración y nunca le pasa nada al funcionario que les metió en el lío.
En definitiva, que esos mayores incentivos al Terror Fiscal cuando se inicia la Campaña por el IRPF 2020 -el peor ejercicio para todos lo no funcionarios de los últimos años- pone de manifiesto que el Desgobierno Comunista no está muy en sintonía con los sufridos contribuyentes a los que quiere seguir exprimiendo independientemente de las circunstancias.
Si no quieres dejarte atropellar por la AEAT, cuenta conmigo.