El Consejo de Ministros acaba de remitir a las Cortes Generales el Proyecto de Ley de Memoria Democrática señalando como objetivos la recuperación, salvaguarda y difusión de los valores democráticos, los derechos fundamentales -¡tras acreditar el TC que los pisotearon con el Estado de Alarma!-, el reconocimiento de las víctimas del golpe de estado de julio del 1936 y de la posterior dictadura -dejando fuera, por tanto, a la otra mitad- y considerando ilegítimos los tribunales de excepción y sus sentencias, que se declaran nulas.
Este nuevo proyecto pretende actualizar la actual Ley de Memoria Histórica (2007) sobre la base de los cuatro principios: verdad, justicia, reparación y deber de memoria como obligación para no repetir los hechos, aunque como veremos se olvide, en realidad, de todos ellos. En cuanto a las víctimas señala que «será el Estado el que tendrá la responsabilidad de buscar a las personas desaparecidas» para lo que se prevé la creación de un banco nacional de ADN, el derecho de acceso a los archivos y la creación de dos días de homenaje (el Día de todas las víctimas de la guerra civil, del golpe de estado y de la dictadura (31.10) y el Día de las personas exiliadas (08.05)). Por otro lado, se hará un inventario de la incautación de bienes que fueron expoliados por el régimen franquista y la inclusión de esa supuesta memoria democrática en el currículum educativo (ESO, Bachillerato y FP) -léase adoctrinamiento- junto con el fomento de la investigación de ese periodo y la creación de un centro documental en Salamanca desde el 36 al 78 (supongo que para rellenar el hueco dejado por los documentos ilegalmente incautados por Cataluña).
El lado oscuro de esta tendenciosa LMD viene de la creación de una Fiscalía de Sala de Memoria Democrática para la investigación de todas las violaciones de derechos humanos que se cometieron desde el golpe de Estado hasta la promulgación de la Constitución que, aunque advierte que la reparación será histórica y moral porque no contempla ni la RPA ni indemnizaciones económicas, sí se conecta con un supuesto objetivo de evitación de la exaltación de la guerra civil, del golpe de estado y de la dictadura que llevará, modificando la legislación actual, a la persecución como delito de la apología del franquismo y el enaltecimiento de sus dirigentes, con menosprecio o humillación de las víctimas o incitando al odio, lo que también llevará a la extinción de fundaciones o asociaciones relacionadas con todo lo anterior con la mirada indisimuladamente puesta, entre otras, en la Fundación Francisco Franco y en la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos (creada por un Real Decreto-ley del 57 que se sustituirá por un nuevo régimen jurídico). La traducción que hay que hacer es que el Desgobierno Comunista con la LMD en la mano va a hacer justo lo contrario de lo que ha hecho con la ETA: va a perseguir cualquier manifestación real de apología del franquismo empero también muchas manifestaciones inventadas de lo mismo. Al tiempo.
Finalmente, la LMD plantea dos nuevos supuestos para optar a la nacionalidad española: (i) para los hijos de las españolas que se casaron con extranjeros durante la dictadura y perdieron su nacionalidad y (ii) para los hijos mayores de edad de aquellos a quienes ya se les dio la opción de conseguirla en la ley de 2007 (ya que entonces solo afectó a los hijos menores de edad en aquella fecha).
En definitiva, otro recorte de libertades, otra vuelta de tuerka de comunismo de la mano del lanzamiento de una LMD que sirve, a su vez, de enésima cortina de humo con la que intentar tapar una realidad tozuda: las medidas de este Desgobierno Comunista para combatir el coronavirus chino sólo han conseguido arruinar España y pisotear nuestros Derechos Fundamentales ya que, por lo demás, somos uno de los peores países del mundo en la gestión de la crisis y no conseguimos levantar cabeza, ni sanitaria ni económicamente, después de casi dos años. En el fondo, la LMD tiene tres componentes siniestros: (i) el clientelismo porque movilizará recursos públicos (más Gasto Público inútil) para regar a las asociaciones que le bailen el agua al Desgobierno; (ii) la coacción y el adoctrinamiento sobre cualquier ciudadano/asociación/profesor, que pretenda dar una visión distinta y más real de lo que fue en realidad la guerra civil y sus causas así como de la dictadura pues muchas de esas conductas se podrían enfocar hacia los delitos de odio y/o de apología del franquismo/dictadura y ser de esta manera perseguidas penalmente y (iii) su parcialidad porque se enfoca a uno sólo de los bandos cuando los dos hicieron lo mismo. Más trabajo para los Juzgados y Tribunales que verán, con este tipo de leyes, cada vez más comprometida su independencia.