Un reciente estudio del Foro de Movilidad revela que el coche privado es el medio de transporte elegido por más españoles para sus desplazamientos diarios (64%) y su uso ha crecido un 6% respecto a 2019, tras muchos años en los que el transporte público iba ganando cuota de mercado, en parte gracias al miedo al contagio que también nos ha legado la pandemia por el coronavirus chino. Es una mayoría significativa a pesar de las innumerables barreras y de la creciente rapiña fiscal que se ponen al mundo del automóvil. Una mayoría que nace sencillamente de que en la mayoría de los lugares de España las personas necesitan el coche para vivir y tienen que apechugar con cualquier coste que se les imponga. Estamos hablando de los vehículos de combustión porque el uso de coches eléctricos sigue siendo residual (7%).
No obstante, esta necesaria elección por parte de los ciudadanos no se favorece sino que se combate por parte del gobierno con una política fiscal descarnada a base de subir los muchos impuestos que gravan al mundo del motor, desde los impuestos al vehículo (impuesto de matriculación, IVA, sobre los seguros, ITV,…) hasta los impuestos a los carburantes, convirtiendo lo que es una necesidad natural del ciudadano –y un derecho constitucional a desplazarse libremente- en un artículo de lujo cada vez al alcance de menos personas. Así las cosas, el estudio indica que el 95,5% de los conductores ha notado entre «mucho» y «bastante» esa subida de precios (un 98,4% la de los carburantes, un 36,1% la del coste de mantenimiento y un 25,1% la del precio de los seguros). Pese a todo, el 80% de los conductores declara que seguirá usando su vehículo de la misma forma porque lo necesitan, mientras el 20% restante se verá obligado a restringir su uso por no poder soportar dichos costes.
En 2020, con su anticonstitucional confinamiento, se dieron no pocos problemas con la ITV –algo que podrían certificar perfectamente los talleres que revisan periódicamente los vehículos de las distintas marcas sin que ello supusiera un gasto adicional para el ciudadano- que se prolongaron durante el 2021, ejercicio en el que un 40% de los conductores no acudió a las estaciones de inspección obligatoria, duplicando el índice histórico de absentismo de los últimos años. Por supuesto que esa abstención no supone «un alto riesgo» para los usuarios de las carreteras como denuncian desde la DGT ya que las tasas de accidentes son practicamente las mismas año tras año a pesar de todas las restricciones impuestas a los conductores – no se quiere reconocer que la mayoría se deben a errores humanos muy difíciles de erradicar- por lo que lo único que ellos pierden es recaudación, algo en lo que sí esta centrado este Desgobierno Comunista.
En ese sentido, ya se anuncian tres nuevas figuras para incrementar la rapiña contra los vehículos: (i) las Zonas de Bajas Emisiones que se quieren implementar en todas las ciudades de más de 50.000 habitantes y que no son sino otro cuento medioambiental para establecer barreras al derecho fundamental al libre desplazamiento y, sobre todo, un medio eficaz y sencillo para recaudar mucho más al imponer restricciones a la entrada y el aparcamiento que se traducen en mayores costes y sanciones para los conductores; (ii) los planes para el pago por uso en autopistas y autovías, como si no hubiéramos pagado ya con creces su construcción, mantenimiento y uso con los distintos impuestos que gravan tanto al vehículo como a la energía que lo mueve y, atención, (iii) la modificación de la Ley 35/2006 del IRPF, incluida en el anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia, aprobada inicialmente en el Consejo de Ministros del 15.12.2021, por la que se pretende transformar la indemnización percibida por las víctimas de accidentes de circulación, a consecuencia de los daños sufridos en los mismos, en una ganancia patrimonial/incremento de patrimonio que tributará en el IRPF. ¡Toma ya! La sangre que no hayas perdido en el accidente te la extraerá el gobierno con el IRPF.
Como se desprende de todas estas actuaciones, estamos ante un gobierno que no mira por el interés general de todos los ciudadanos -hablo de la PPSOE- sino que sólo piensa en sangrarnos de la mano de un bien, el vehículo, fácil de registrar, gravar y perseguir, al que golpean inmisericoremente con unos impuestos en cascada que no solo son confiscatorios sino que conculcan además nuestro derecho constitucional a la libertad de movimientos. Lo que debería hacer un gobierno decente de la PPSOE en estos momentos es bajar o suprimir todos o parte de los impuestos y demás peajes que gravan al mundo del motor para permitir el desplazamiento libre de sus ciudadanos lo que, sin duda, ensancharía el mercado y redundaría no sólo en su felicidad –lo que ya de entrada sería un éxito- sino también en la seguridad y el medioambiente, porque la mayoría optaría por las soluciones más eficientes y modernas que también ayudarían a combatir la creciente inflación, que se extiende a todo el mercado precisamente a través del precio desorbitado de una energía -hinchado a base de impuestos- que está en la base tanto de la fabricación como del transporte de todos los productos que consumimos. Eso sí sería revolucionario para la mayoría de los españoles que, sin embargo, nos tendremos que conformar con esa rapiña creciente de la PPSOE contra todo lo que lleve ruedas.