Spain is diferent. So diferent. Demasiado, respecto de UK. Por eso, Corinna Sayn-Wittgenstein acaba de lograr que el Tribunal Superior de Londres retire a Juan Carlos I, al bueno de Campechano, la inmunidad legal, lo que a efectos legales le convierte en un ciudadano de a pie, con lo que podrá ser juzgado por las acusaciones realizadas en la querella presentada por el acoso extremo y la vigilancia ilegal a que la fue sometida tras su abdicación en junio de 2014. Por tal motivo, el juez Matthew Nicklin estima que el bueno de Campechano ha perdido los beneficios constitucionales de inviolabilidad de los que disfrutó durante su etapa como monarca y jefe del Estado español, frente a los argumentos de su defensa que sostiene lo contrario tanto (i) por su condición de “soberano”, lo que acredita con su título de “Rey Emérito” como (ii) por ser miembro de la Casa Real de Felipe VI. Sin embargo y a pesar de la petición del juez, cursada durante la vista oral celebrada el pasado 06.12.2021, nunca se aportó a la causa un certificado, ni del Estado español ni de la Zarzuela, que confirmara que el Rey Emérito conserva su inmunidad.
La querella presentada por Corinna retrata a Juan Carlos I al señalar como había utilizado «a los agentes del Estado español y mercenarios para intimidarla a ella y sus hijos, influir negativamente en sus ex maridos, su hija, su hijo y muchos de sus amigos alegando que la demandante le había robado y no era de fiar» además de invadir su propiedad en Shropshire y de interceptar/monitorizar ilegalmente tanto sus cuentas móviles e Internet como las de sus asesores, difamarla ante sus clientes y socios comerciales, filtrando información falsa a los medios de comunicación en el sentido de que era deshonesta, que había robado dinero, recibido comisiones, que «estaba intentando chantajear a la Familia Real» y que, en definitiva, era una amenaza para la seguridad nacional de España, al tiempo que la sometía a un acoso intensivo y a una vigilancia ilegal desde 2012, tras su ruptura sentimental y, sobre todo, tras el famoso accidente de Botsuana.
La defensa, sin embargo, insistía en que Campechano conservaba dicha inmunidad en función de la State Inmunity Act (Ley de Inmunidad de los Estados) del Reino Unido de 1978, por la que los soberanos o jefes de Estado pueden beneficiarse la inmunidad tanto en actos públicos como privados tanto para sus personas como para los miembros de la familia real que compartan una misma residencia, extremo que para el juez del Tribunal Superior de Londres no se cumple porque el Rey Emérito no reside en La Zarzuela sino en la isla Zaya Nurai en Abu Dabi (a la que, por cierto, huyó para quedar fuera de la zona de competencia tanto de los fiscales helvéticos como españoles). Para la acusación resulta claro que los privilegios de inmunidad los perdió tras su abdicación en junio de 2014 y la subsiguiente retirada de la vida pública en 2019 como lo atestiguan (i) el comunicado oficial de la Casa del Rey de 2020 en el que precisaba que Juan Carlos I «tras su abdicación en junio de 2014, el 27 de mayo de 2019, anunció que en junio de ese año ponía fin a toda actividad institucional u oficial, retirándose completamente de la vida pública» y, en consecuencia, dejaba de percibir la asignación correspondiente con cargo a los PGE y (ii) la carta que la Casa del Rey difundió el pasado 07.03.2022 en la que el propio Juan Carlos I declaraba (sic): «Prefiero en estos momentos, por razones que pertenecen a mi ámbito privado y que sólo a mí me afectan, continuar residiendo de forma permanente y estable en Abu Dabi, donde he encontrado tranquilidad, especialmente para este periodo de mi vida» y en la que además le recordaba al Rey Felipe VI que «como bien sabes, en 2019 te comuniqué mi voluntad de retirarme de la vida pública y así seguiré haciendo». Ambas misivas resultan absolutamente contrarias a la estrategia esgrimida en Londres por la defensa de Campechano y logicamente habrán influido en la resolución final que, sin duda, supone un varapalo judicial para el bueno de Campechano que puede no sólo retrasar su salida de Abu Dabi sino perjudicarle en cualquier otro proceso abierto en cualquier lugar del mundo, como el que tiene abierto en Ginebra.
En definitiva, que la soberbia unida a la tacañería y tontuna de Campechano han impedido un acuerdo privado que hubiera dejado atrás discretamente el conflicto económico con su “amiga especial”, a la que además utilizó como testaferro para esconder 65M€ producto de sus cuitas, y ahora, aparte de ponerle el ramo de flores al Estado Español, que claramente ha consentido y ayudado a este personaje en su más que deleznable comportamiento a todos los niveles, va a poner a todo el mundo sobre la pista de los millones que mantiene escondidos y con los que, a buen seguro, tendrá que indemnizar a Corinna cuando le juzguen y condenen, amén de pagar también las millonarias costas judiciales, poniendo de manifiesto, de nuevo, su actuar de comisionista y reactivando todas las inquinas en España contra su persona que, de un modo ciertamente lamentable, se extienden hacia toda la Casa Real. ¡Un pan como unas tortas! ¿Estamos ante un acoso o ante un acosador? Juzguen ustedes mismos.