Mientras el “comité de expertos” activado por el gobierno concluye que lo que se debería hacer es subir los impuestos a todo el mundo –algo que ya se está produciendo como venimos denunciado aquí de manera constante (ver entradas “Objetivo Automóvil”, “Objetivo Autónomos” u “Objetivo Streamers”)-, el Instituto de Estudios Económicos (IEE) estima que la economía española acumula, al menos, 60.000M€ de gasto público ineficiente por lo que, solo con la corrección de ese gran derroche, se podrían reducir los impuestos un 14% y seguir ofreciendo el mismo nivel de servicios. Ahí es donde duele.
Lo que ocurre es que, a nivel de gestión, para los políticos –para la PPSOE- es mucho más fácil no tocar nada y mantener a España entre las economías desarrolladas con menor eficiencia a la hora de aplicar el Gasto Público y seguir exaccionando recursos para poder mantener un dispendio que no va en la dirección de mejorar el Estado del Bienestar sino, más ciertamente, en el de desarrollar su creciente clientelismo. En este sentido, el estudio del IEE concluye que, con la gestión adecuada, España “podría reducir su gasto público en un 14% y seguir ofreciendo el mismo nivel de servicios públicos si lograra mejorar su eficiencia hasta alcanzar niveles similares a los de la media de la OCDE» algo que «supondría un ahorro de recursos del orden de unos 60.000 millones de euros«. Está claro que la armonización que predican, sólo tiene que ver con los ingresos públicos –comparando a España con economías con rentas per cápita muy superiores- mientras tal armonización se niega para converger con los mejores en eficiencia en la aplicación del Gasto Público. Ahí es donde duele.
El estudio del IEE, llamado “Por una mejora de la eficiencia del gasto público en España”, destaca como «España obtiene una puntuación de 74,4 y se sitúa en la posición 29, en la zona media-baja de la tabla. De este modo, nuestro país se sitúa claramente por debajo de la media de la UE (que obtiene una puntuación de 98,6) y también alejado de la media 100 de la OCDE» lo que sitúa a España comparativamente en la línea de los países de Europa del Este (como Hungría, Eslovaquia y Polonia), que estuvieron tras el telón de acero, o la de los peores países mediterráneos (como Italia, Grecia o Turquía) o, para que resulte más claro, en la línea de México y Colombia. Ahí es donde duele.
Esta propuesta del IEE, lógica, clara, práctica y conseguible con mucho menor esfuerzo para los contribuyentes, también es reconocida por ese comité de expertos del gobierno cuando apunta que “con independencia del modelo de consolidación fiscal por el que se opte, la mejora de la eficiencia debe ser también un objetivo importante en el medio plazo para todos los niveles de la Administración Pública en España” empero luego ya no detallan nada para conseguirlo. Frente a esto, para el IEE resulta evidente que «no es el momento de llevar a cabo una subida de impuestos» como finalmente plantea el libro blanco de los expertos para la reforma fiscal porque «el mero anuncio de subidas de impuestos genera incertidumbre en las empresas y un deterioro de la confianza empresarial«. El único camino viable para salvar la economía española, en definitiva, pasa por una profunda bajada de impuestos al tiempo que se avanza también en la eficiencia en la aplicación del Gasto Público para frenar la tendencia alcista tanto de los costes empresariales como de la inflación, ejes principales para que la competitividad sea un factor claro de una recuperación económica que, sin esos mimbres, nunca llegará. Ahí es donde duele.
Sin embargo, para el gobierno parece que lo lógico no es importante cuando ¡ojo! acaba de aprobar el Plan Estratégico para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres 2022-2025 al que destina un presupuesto de 20.319M€ que, según la ministra de Igualdad, servirá para «acabar con el machismo en todos los ámbitos de la sociedad y las instituciones», mientras tenemos la Deuda y el Déficit Públicos disparados. Si la cifra no fuera en sí misma un estrambote, vamos a ponerla en contexto con otras partidas de los PGE: (i) las intervenciones para controlar el precio de la luz –sin conseguirlo- rebajando el IVA (del 21% al 10%), reduciendo el impuesto especial eléctrico (del 5,11% al 0,5%) y suspendiendo temporalmente el impuesto de generación (7%), suponen 6.000M€; (ii) la recaudación por el impuesto especial sobre los hidrocarburos que hace que los combustibles estén en precios históricos e inasumibles para los transportistas y la ciudadanía (por encima de 1,60€/l el gasoil y de 1,70€/l la gasolina) supone 10.507M€, y (iii) la nómina mensual de las pensiones que asfixia nuestra economía supone 10.745M€. Resulta claro, una vez más, que las políticas impulsadas por nuestros partidos gobernantes no se hacen pensando en la ciudadanía que los financia sino en ellos mismos. Con estos dispendios todos los impuestos serán pocos.