La Ley de Cambio Climático y Transición Energética (Ley 7/2021, de 20 de mayo, BOE del 21 y vigor del 22) dice perseguir la descarbonización de la economía española (¡España sólo emite el 0,6% del CO2 mundial!), su transición a un modelo circular que garantice el uso racional de los recursos, la adaptación al cambio climático y la implantación de un modelo de desarrollo sostenible que genere empleo decente y contribuya a la reducción de las desigualdades y todo ello siguiendo el Acuerdo de París de 2015 con el objetivo final de reducir las emisiones un 23% para 2030 (respecto a 1990), con un 74% de generación con energías renovables y con una reducción del 39,5% del consumo de energía primaria, y todo para alcanzar la “neutralidad climática” para el 2050.
Esta ley transpone la Directiva 2018/844 que modifica la Directiva 2010/31/UE, relativa a la eficiencia energética de los edificios, y la Directiva 2012/27/UE, relativa a la eficiencia energética, modificando muchas disposiciones legales y hablando de todo un poco –porque hablar no cuesta nada- aunque también realiza algunas disposiciones importantes: (i) señala que no se otorgarán nuevas autorizaciones de exploración, permisos de investigación (tampoco se prorrogarán los existentes) ni concesiones de explotación de hidrocarburos ni de minerales radiactivos en todo el territorio nacional, incluyendo el mar territorial, la zona económica exclusiva y la plataforma continental; (ii) apunta a la movilidad sin emisiones para alcanzar en 2050 un parque de turismos y vehículos comerciales ligeros sin emisiones directas de CO2 junto con las ZBE en los municipios de más de 50.000 habitantes y una infraestructura de recarga eléctrica suficiente tanto en carreteras como en edificios; (iii) regula el cese de la producción de carbón nacional dentro del Plan de Cierre del Reino de España para la Minería del Carbón no Competitiva, en el marco de la Decisión 2010/787/UE, por lo que dispone que el otorgamiento de autorizaciones de explotación, permisos, concesiones, prórrogas o cesiones de los recursos de carbón de las unidades de producción inscritas quedarán supeditadas a la devolución de las ayudas concedidas al amparo de dicha norma; (iv) impone nuevos criterios en materia de contratación pública con nuevas prescripciones técnicas que establecen la necesaria reducción de emisiones y de la huella de carbono, y (v) desarrolla nuevas obligaciones de información para el sector financiero y las empresas con el objetivo de descarbonizar sus carteras de préstamos e inversiones. ¡Y todo ello mientras Alemania está no sólo produciendo sino quemando carbón a toda máquina para reducir su dependencia del gas ruso!
Lo más importante, sin duda, es que esta Ley 7/2021, en España, bloquea la posibilidad del Fracking que tan buenos resultados ha dado a los EEUU que, a través de la inyección en pozos de una mezcla compuesta de agua, arena y un 1% de productos químicos, consigue agrietar la roca madre y liberar gas o petróleo que no estaría disponible bajo el sistema convencional de extracción vertical. La «revolución del Fracking” ha convertido a EEUU en el mayor productor de petróleo del mundo con un incremento de casi el 50% de la oferta –por eso busca recuperar clientes entre sus socios del Mundo Libre-, disparando sus exportaciones y reduciendo sus importaciones con un ahorro del 2% de su PIB mientras sus emisiones totales de CO2 se han mantenido inalteradas, lo que en el fondo supone una reducción de dichas emisiones per cápita.
La moratoria decretada por el PSOE con esta ley deja a España bloqueada, en plena crisis energética por el juego de los bloques y por su inveterada dependencia energética, lo que ha disparado los costes de producción y transporte que están a punto de ahogar definitivamente nuestra economía porque (i) cierra la posibilidad de obtener gas y petróleo propios y (ii) impide desarrollar nuevos reactores y centrales nucleares al tiempo que ataca a las existentes que son precisamente las que sostienen el sistema eléctrico español con su 90% de horas operativas mientras se fía todo al modelo subvencionado de energías renovables que dependen del tiempo y que nunca podrán cubrir las necesidades de nuestro país al 100%.
En números, para poder valorar lo que la Ley del Cambio Climático supone para España, la Asociación Española de Compañías de Investigación, Exploración y Producción de Hidrocarburos y Almacenamiento Subterráneo estimó, hace 10 años, que esa técnica de “extracción hidráulica” podría desbloquear unas reservas de gas equivalentes a 70 años de consumo nacional sumando al PIB 700.000M€, aunque ya en 2013 el proyecto del PP para intentar aprovecharlo se topó con el rechazo de los gobiernos de las CCAA de Cantabria o País Vasco que atesoran el grueso de esas reservas. Así que la Ley de Cambio Climático y el cachondeo autonómico tienen a los españoles contra las cuerdas en materia energética. Así de claro.