En la AP de Madrid (S23ª) acaba de arrancar ayer el juicio mediático por la estafa desde la AEAT a un total de 38 deportistas profesionales (17 de primer nivel, como Sahin, Altitop y Salvio) que se vio interrumpido nada más empezar por las peticiones de suspensión de las acusaciones que requirieron la presencia y el testimonio de una parte de los estafados que, al iniciarse la Vista, no estaban por no haberse podido localizar a cuatro de ellos (Jorge Miguel Oliveira Ribeiro, Marius Stankevicius, Antonio Eduardo Salvio y Vinicius Vasconcelos Araujo) por lo que el Juez, al margen de solicitar la colaboración de EUROPOL para su localización y cita audiovisual, decidió suspender la primera sesión. Además, el deficiente funcionamiento de la Administración de Justicia también provocó problemas con el envío de documentos y tanto la Abogacía del Estado como el MF recibieron tarde la petición de prueba por parte de las defensas de los cuatro acusados.
El caso analizado consistió en una serie de estafas a esos futbolistas y baloncestistas profesionales y a la propia AEAT, entre febrero 2015 y noviembre 2016, cuando los acusados con la información facilitada por la entonces Jefa de Dependencia Adjunta de Asistencia y Servicios Tributarios de la AEAT y utilizando dos sociedades, ASESORES DEPORTIVOS LAPVER SL Y STAR ATHLETES SOCIETY SL, solicitaron a la AEAT devoluciones como si fueran los representantes fiscales en España de dichos deportistas y sin conocimiento de los mismos, cuyo denominador común era que habían militado en equipos españoles durante los años anteriores pero que ya no se encontraban en España en ese momento, para lograr así una serie de transferencias bancarias por parte de la AEAT por devolución de impuestos pagados que fueron a parar a sus cuentas particulares y con las que consiguieron un beneficio patrimonial “indebido” por importe de 6.28M€ (p.e. el 28.11.2016 presentaron dos solicitudes de devolución por IRNR de dos jugadores de baloncesto del FCB, Edison Charles y Frenton Miekeal, por importe de 235.059,20€ y 229.983,02€, respectivamente). El caso se destapó gracias a que saltó una alerta en la propia AEAT sobre las devoluciones solicitadas por deportistas profesionales localizando hasta 102 expedientes de los que luego esos 38 casos fueron denunciados cuando la SAI (Servicio de Auditoría Interna) de la AEAT, en abril 2017, descubrió accesos indebidos a la información contenida en sus bases de datos, determinando que la Jefa de Dependencia Adjunta de Asistencia y Servicios Tributarios de la AEAT, exmujer de otro acusado, «se apropió, utilizó y trasladó al resto de acusados información confidencial sustraída de la base de datos de la Agencia Tributaria«.
Con todo, el MF pide para los cuatro acusados nueve años de prisión al imputarles cuatros delitos continuados: de estafa, de falsedad en documento público oficial y mercantil, de aprovechamiento de información privilegiada obtenida por funcionario público y de utilización por funcionario, por razón de su cargo, de información privilegiada. Las acusaciones particulares, por su parte, se centran en recuperar el dinero de sus clientes al tiempo que apoyan las peticiones del MF.