El Estudio ‘Unas Administraciones Públicas más eficientes y modernas«, publicado por el Círculo de Empresarios, revela que, en 2021, existían más de 16.800 entidades públicas en España fruto de la descentralización, de las ‘autonosuyas’ y de todos los cuentos políticos de una PPSOE que está arruinando el país para financiar sus actividades y colocar a sus deudos y afectos. Esa ‘grasa administrativa’ adherida al cuerpo de la nación supone un gasto público superfluo de entre 10.000M€ y 16.000M€. El estudio incide, además, en la creciente insatisfacción acerca del funcionamiento de los servicios públicos que expresan los ciudadanos, sobre si tenemos en cuenta que España tiene el doble de Administración que Alemania con la mitad de población. ¿Sorprendidos? Claro que no. Todos sabemos el cachondeo que se vive en la Administración con miríadas de personas chupando de la teta pública sin aportar absolutamente nada. Ese es el problema de fondo en España: un desaforado Gasto Público improductivo que dispara el Presupuesto y los Impuestos mermando las capacidades del sector privado, el único productivo.
El estudio desvela que se «ha intensificado la existencia de duplicidades en el funcionamiento de las AAPP … en relativamente poco tiempo … con la creación de estructuras administrativas en áreas ya cubiertas por otras Administraciones” fundamentalmente debido a que (i) «la Administración Central no se ha suprimido al hacerse la transferencia de competencias hacia las Comunidades«, y a que (ii) «los Ayuntamientos asumen competencias cedidas a las CCAA”, por lo que propone «una reestructuración de las Administraciones Territoriales … con un potencial ahorro de entre 10.300 y 16.100 millones de euros«. Ese ahorro vendría de una primera fase en la que se suprimirían “los Ayuntamientos de municipios de menos de 5.000 habitantes para constituir mancomunidades, áreas metropolitanas o comarcales alrededor de municipios de mayor tamaño que permitan una centralización de servicios comunes para mejorar la capacidad de compra y obtener economías de escala» y, de una segunda, con la «progresiva supresión Ayuntamientos de municipios menores de 15.000 habitantes y la desaparición del nivel político-administrativo intermedio entre CCAA y Ayuntamientos«.
Por eso, las CCAA se han convertido en el motor del empleo en España. Cuando empezó la crisis de 2008 las CCAA no llegaban a 1,6M de nóminas y ahora se aproximan a los 2,1M según la EPA. El empleo público autonómico ha aumentado un 30% en los últimos 15 años resultando que uno de cada 20 habitantes de Extremadura, Navarra o Aragón es funcionario autonómico. La Administración Central y Municipal también crece, aunque no tanto, y todas lo hacen a pesar de las inversiones en tecnología y de las obligaciones impuestas a la ciudadanía para completar los procesos administrativos. Con todo, una de cada cinco nóminas es pública en España. Pero esa grasa, al igual que ocurre en el cuerpo, no está distribuida uniformemente. En Castilla La Mancha alcanza un 26% de nóminas públicas, en Asturias un 25% y en Andalucía un 23%, por poner algunos ejemplos. Madrid (18%) y La Rioja (17%) son ‘fofisanos’. En números macro: las plantillas de las CCAA se han duplicado desde el trasvase de competencias y su nómina global se acercará a la barrera psicológica de los 100.000M€ en 2022 (en 2021 fue de 92.000M€). Las elecciones de 2023 pronostican nuevos récords.
El efecto en el Presupuesto también es preocupante: un 40% de media corresponde al capítulo de gasto de personal, limitando en consecuencia el resto de las actuaciones (como en las ONG). En el País Vasco alcanza el 49%, seguido de Aragón (48%), Castilla La Mancha (46,8%), Andalucía (46,4%), Murcia (45,6%), Asturias (45,5%) y Extremadura (44,7%). Madrid (32%), Baleares (34%) y Cataluña (36%) son las regiones que menos porcentaje de su gasto total utilizan para pagar los salarios de sus empleados. Según el Registro Central, tenemos los siguientes funcionarios por CCAA (en números redondos): Andalucía (300.000 nóminas), Cataluña (217.000) y Madrid (202.000). Valencia (162.000), Castilla y León y Galicia (100.000) y así hasta llegar a Cantabria (24.000), que es la que menos nóminas públicas paga. Si esto lo ponemos en relación con el número de habitantes tenemos que, en Extremadura y Navarra, la ratio es de 1/20, en Aragón 1/23, Asturias 1/24 y Castilla y León, Cantabria y La Rioja 1/25 y Andalucía 1/28. Hay CCAA que necesitan muchos menos funcionarios: Baleares 1/39, Cataluña 1/35, Madrid 1/34 y Valencia 1/31. Esta situación se vuelve aterradora cuando a esos empleados autonómicos les sumamos los funcionarios de las Administraciones Estatal y Local en cada CCAA: Extremadura 1/11 (91.000 empleados totales con algo más de un millón de habitantes), Aragón 1/13, Castilla y León 1/14, Navarra y Castilla La Mancha 1/16 y en Madrid, Andalucía, Cantabria, Canarias, Murcia y La Rioja 1/17.
Esto es lo que pasa en España y la razón por la que el Sector Privado ya no da para más. Mientras las televisiones nos dicen que hay que cuidarse, que hay que adelgazar, que se puede vivir con menos… la Administración no para de engordar. Saquen sus propias conclusiones.
