A principios de mes nos hacíamos eco de la macrocausa colectiva contra la AEAT que prepara Ámsterdam & Partners LLP (ver ‘Ámsterdam & Partners contra la picadora de carne’) y hoy recogemos que va tomando forma dicha acusación de prácticas abusivas, autoritarias y contrarias al Estado de Derecho en la que denuncian el carácter punitivo y desproporcionado de sus actuaciones, especialmente en procedimientos contra contribuyentes acogidos a ‘la Ley Beckham’, que el bufete compara con el ‘Caso Yukos’ que llevó hace unos años en Rusia, donde fue arrestado en 2005 por litigar contra el régimen de Putin.
El bufete pone de manifiesto testimonios que retratan cosas como «he ganado ya dos juicios, pero tengo mi casa embargada, mis ingresos congelados» o “me han embargado mi casa, mi sueldo, mi coche… y ni siquiera ha empezado el juicio«, amén de la reinterpretación a conveniencia que hace la AEAT de la normativa fiscal usando el concepto de la simulación, sin perjuicio de bloquear financieramente a sus objetivos para dificultar su defensa y de la falta de independencia de los Tribunales Económico-Administrativos. Además, ponen el foco en la intimidación, en la falta de transparencia y en el sistema de incentivos de los inspectores, para preguntarse “¿cómo puede ser que tengamos que venir desde EEUU a luchar contra este horror?”.
El bufete pone por ejemplo el caso de Anna –nombre supuesto, lo que ya nos dice cómo funciona la AEAT—que llegó a España en 2013 para abrir una filial de una empresa registrada en la UE tal y como ya había hecho antes en otros países. La empresa contrató a un asesor local para todos los trámites de instalación y, siguiendo su consejo, optó por el régimen fiscal de impatriados, aprobado en 2005 para atraer talento internacional. «Hicimos todo como nos dijeron. En los seis primeros meses presentamos la solicitud, y en poco tiempo recibí un certificado de la AEAT confirmando que mi elección había sido aceptada«. Durante los seis años siguientes, la filial española pagó impuestos al 24 % –como marca la ‘Ley Beckham’—y ella presentó su IRPF como impatriada. Nunca recibió un requerimiento. El negocio prosperó y, en 2018, la matriz decidió vender. Anna y su marido tenían una participación del 12 %. «Bill declaró su ganancia y pagó el impuesto. En mi caso, como seguía bajo el régimen de impatriada, la ganancia estaba exenta«. En 2019, tras dejar su empleo, se quedó a vivir en España y pasó a tributar como residente ordinaria. En 2022, vendieron unas acciones que les quedaban y pagaron, entre ambos, más de 1M€ en impuestos sobre la ganancia. «Esa fue la señal. El olor del dinero. La AEAT tomó nota«. A pocos días de que prescribiera el ejercicio fiscal de 2018 —el último bajo la Ley Beckham—, la AEAT le notificó la apertura de una inspección. Lo que vino después fue un «asedio institucional» con requerimientos semanales. «Asistí a cada reunión. Entregué toda la documentación. Pero nunca nos explicaron que investigaban exactamente«. Finalmente, tras un año de desgaste físico y psicológico, la AEAT declaró que la empresa española era una tapadera y que ella nunca debió acogerse al régimen de impatriados sin presentar una base jurídica concreta, solo acusaciones y amenazas.
Lo peor llegó después, cuando elevaron el tanto de culpa convirtiendo el asunto en un caso penal. Entonces, el inspector ofreció un «trato» que se parecía mucho a una extorsión fiscal: Si pagaban toda la supuesta deuda y aceptaban una sanción del 35 %, podían cerrar el caso rápido. Si querían que se emitiera un acta formal con explicación jurídica, tenían que pagar 100.000€ más. Si querían conservar el derecho a recurrir, otros 100.000€. Y si querían una evaluación completa que pudiera ser recurrida, el coste adicional subía a 350.000€. Al final, “aceptamos pagar lo que pedían por evitar que me acusaran penalmente” y abandonamos el país. «Nunca pensé que algo así pudiera pasar en una democracia europea. Nos trataron como criminales«.
Lamentablemente, el caso de Anna es el pan nuestro de cada día y por eso Ámsterdam & Partners tiene documentados decenas de casos similares lo que les lleva a concluir que «hay un patrón sistemático de acoso y derribo fiscal contra los impatriados. Personas que recibieron un certificado de Hacienda confirmando su estatus, pagaron durante años sus impuestos conforme a la Ley Beckham y, años después, son acusados de fraude sin base clara«, por lo que estamos “ante una violación del principio de seguridad jurídica y una práctica que amenaza la reputación de España como destino para la inversión internacional«.
