Ayer hablaba de la desigualdad que trae consigo el peaje independentista para mantener a la PPSOE en La Moncloa y hoy abundo en ese tema en su variante de la ‘cogobernanza de los aeropuertos catalanes’ que el bueno de Illa promete a ERC para intentar mantenerse a flote en la única CCAA importante que gobierna el PSOE. El problema es, una vez más, la Constitución Española que precisamente recoge que el Estado tiene competencia exclusiva sobre las infraestructuras de interés general. Por si fuera poco, tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Supremo declararon en 2021 –cuando los socialistas intentaron idéntica maniobra—la inconstitucionalidad de varias disposiciones surgidas al calor del Estado de Alarma –por cierto, también declarado inconstitucional—donde colaban un modelo de gestión conjunta con las CCAA sobre infraestructuras de interés general.
El TC, entonces, declaró ilegal la cogobernanza con las CCAA y la designación de los presidentes autonómicos como autoridades competentes delegadas por ser contrario al 116.1 CE, reprochando al Ejecutivo Central que acordara, con carácter permanente, delegar la supervisión efectiva o eventual de dichas infraestructuras en las autoridades autonómicas sin hacer reserva alguna, recordando que los aspectos organizativos y de planificación son también competencia exclusiva del Estado. En este escenario se hace difícil entender como ahora, en 2025, vuelven sobre lo mismo tratando de colar una nueva jugada donde el Estado cede las competencias de gestión operativa y administrativa, pero mantiene su papel principal en decisiones estratégicas que pudieran chocar con competencias estatales. Frente a eso está la Doctrina del TS que señala que todo lo concerniente al interés general es competencia exclusiva estatal. Varias las STS señalan que la competencia exclusiva estatal se extiende no solo a la titularidad y a la seguridad de dichas infraestructuras de interés general, sino también a los aspectos organizativos, de gestión y de planificación que comportan las mismas. Verbigracia, la STS de 25.09.2012 reconoce que el Estado puede «condicionar la competencia autonómica en ordenación del territorio, con mecanismos de cooperación normativa, pero prevaleciendo su planificación en caso de conflicto«.
Recientemente, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS ha admitido a trámite un recurso presentado por la CCAA de Murcia donde plantea un conflicto sobre quién recae la competencia para la denominación oficial del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia-Juan de la Cierva, poniendo sobre la mesa los límites de dicha competencia exclusiva estatal que alcanza hasta esos detalles. Se da la paradoja de que, en ese caso, la Abogacía del Estado defiende las competencias aeroportuarias del Estado frente a la CCAA mientras ahora Illa, unos kilómetros más arriba y perteneciendo al mismo partido de gobierno del que depende la Abogacía del Estado, pretende lo contrario: ceder legalmente la gestión operativa y administrativa de todos los aeropuertos catalanes.
Se trata, en definitiva, de un nuevo sindiós jurídico provocado por la PPSOE para mantener en el poder a costa de lo que sea que, luego, aprovechan los partidos indepes para conseguir cosas tan ilegales prima facie como la amnistía o el cupo catalán. Lo consiguen retorciendo la Ley y los Tribunales para que unas CCAA puedan aplicar la Ley de una determinada manera que queda vedada para el resto a cambio de los votos necesarios para que la PPSOE pueda seguir marcando el paso desde Madrid. De esta manera tenemos unas CCAA tontas, que son las que pagan el pato, frente a las CCAA listas que se lo comen. O todos tirios o todos troyanos. O autoridades aeroportuarias para todos o para ninguno. Y si es para todos, España va a desaparecer y con ella todos nosotros que pasaremos a ser súbditos directamente de una potencia extranjera. Bueno, lo de ahora, pero corregido y aumentado. Suerte. Que Dios me los bendiga a todos.
