Todos saben que la Santa Hermandad, una suerte de policía municipal del siglo XV, con su habitual tardanza a la hora de intervenir, se ganó el refrán de ‘a buenas horas, mangas verdes’ porque, cuando todo había terminado y poco más podía hacerse, es cuando aparecían con sus distintivas mangas verdes. Lo mismo puede decirse ahora de la Justicia Española cuya lentitud y desgana, salvo en los asuntos con trasfondo político, hace que los españoles se sientan desamparados ante la inseguridad creciente de las calles y, lo peor, ante la ‘lotería judicial’ que hace que no seamos iguales ante la ley. La Justicia Española es lenta, lentísima, pero no es ciega. Ni muchísimo menos.
Esa Justicia Española que viene consintiendo las injerencias políticas desde la oscura Transición, es la misma que ahora trata de defender su independencia. Algo ridículo cuando, allá por el 85, se encamaron con la PPSOE poniendo la cama: la infausta LOPJ 6/1985. Ahora, en la apertura del Año Judicial 2026, el presidente del TS y del CGPJ, Isabel Perelló, nos dejó –con un ánimo y un ímpetu penosos—estas perlitas: «la confianza y la credibilidad de la justicia son un bien común que debe ser preservado«; «los poderes ejecutivo y legislativo deben evitar caer en críticas que minen la independencia judicial o la confianza pública en ésta«; las descalificaciones desde otros poderes públicos son «impropias de un Estado de derecho avanzado en el que rige no solo el principio de separación de poderes, sino también el de respeto mutuo; en definitiva, la lealtad institucional«, para solicitar «que no se nos presione, que no se nos condicione, que no se erosione la credibilidad de los tribunales con juicios de oportunidad política o de cualquier otro tipo” para, así, poder operar «sin injerencias de ninguna clase«.
No está mal, pero ‘a buenas horas, mangas verdes’. Cuando se encamaron con la PPSOE, a mayor gloria personal y nunca de la ciudadanía a la que debían proteger del resto de los poderes del estado, no pensaron en las consecuencias a largo plazo. De aquellos polvos estos lodos. Ahora vemos con estupefacción como el Ejecutivo acude al Judicial, donde ha colocado a sus comisarios políticos bajo el hierro de su ganadería, para que refrenden sus abusos. Aberraciones como la Ley de Amnistía, el Cupo Catalán o la futura ‘Ley Bolaños’ son o serán bendecidas por el Poder Judicial a sabiendas de que contravienen gravemente la Constitución y el Ordenamiento Jurídico. La vocación de servicio de la que habla Perelló existe, pero no es a favor del Pueblo, sino de la PPSOE. La separación de poderes, en definitiva, hace mucho que desapareció por su culpa, frustrando nuestros anhelos democráticos.
El único contrapoder judicial está allende de nuestras fronteras, en Luxemburgo. Allí, el TJUE ha declarado que el juez nacional está obligado a considerar nula y sin efecto cualquier sentencia de un tribunal superior que no sea independiente e imparcial cuando sea necesario para garantizar la primacía del Derecho de la UE, recordando que «el principio de primacía del Derecho de la Unión se aplicará a todos los órganos de un Estado miembro, sin que, en particular, las disposiciones internas, incluido el Tribunal Constitucional, puedan obstaculizarlo«. Lo ha dicho al analizar la cuestión prejudicial de un juzgado polaco que cuestionaba la irregularidad del nombramiento de los jueces de la Sala de Control Extraordinario y de Asuntos Públicos del TS de Polonia que luego anuló una sentencia firme por intereses espúreos. Como la normativa y la jurisprudencia polacas le impedían cuestionar la regularidad de esos nombramientos, el juez polaco acudió al TJUE que le indicó que el juez nacional no puede ignorar las sentencias del TJUE y que el TJUE tiene declarado que dicha Sala no cumplía con los requisitos de independencia, imparcialidad y establecimiento previo por la ley que exige el Derecho de la UE. En consecuencia, acreditada la falta de esos requisitos, el juez nacional puede tener por nulos y sin efectos los pronunciamientos de dicha Sala si ello es necesario para garantizar la primacía del Derecho de la UE y su resolución no podrá ser frenada luego invocando ni el principio de seguridad jurídica ni la fuerza de la cosa juzgada.
Ese pronunciamiento del TJUE es, sin duda, una buena palanca para que los juzgados y tribunales menores españoles empiecen a cuestionar, ante el TJUE, las STS y las STC dictadas por los comisarios políticos colocados por la PPSOE en los altos tribunales españoles y todo para evitar lo que el TJUE denomina “riesgo sistémico de impunidad futura en escenarios similares”. Ya sabéis: nunca es tarde si la dicha es buena.
