La PPSOE organiza cada año un gran bingo llamado ‘Ayuda Oficial al Desarrollo’ que, más que otra cosa, es ayuda al desarrollo de la corrupción interplanetaria. La modita creciente es pasar de la ‘gestión directa’ a través de instituciones españolas, a la llamada ‘ejecución delegada’ a través de organismos internacionales con los que la evaporación de ese dinero público resulta mucho más fácil. Un batiburrillo que no ha pasado desapercibido para la AIREF –por eso quieren controlarla—que en su reciente Informe sobre la Ayuda Oficial al Desarrollo denuncia la intencionada separación existente entre quienes ponen el dinero y quienes gestionan y ejecutan los proyectos. Extremo que dificulta sobremanera tanto el seguimiento como la medición de los resultados.
La AIREF señala que, entre 2021 y 2023, la Cooperación Española gastó 10.847M€, la mayoría –el 55%– se canalizó a través de esa gestión delegada en organismos multilaterales con la excusa de poder entrar en proyectos más grandes. La AIREF tiene claro que a mayor ‘ejecución delegada’, mayor dificultad para mantener la trazabilidad de los fondos y para lograr una evaluación coherente del destino y resultado de los mismos. ¡Menudo quilombo! A más a más, esa disociación entre financiadores y ejecutores también dificulta la rendición de cuentas e impide conocer el impacto real que se consigue, o no, con la meritada cooperación. Solo controlan el presupuesto.
El Ministerio de Hacienda –con un 40% del desembolso total– seguido del Ministerio de Asuntos Exteriores, que controla la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Economía e Inclusión, son los que controlan la mayor parte de ese presupuesto. El problema, por tanto, está en la ejecución. Curiosamente, la AIREF observa como España es de los países europeos que más apuesta por la cooperación multilateral, en lugar de la más lógica ejecución bilateral directa. Tiene claro que ese modelo dificulta la gestión y limita tanto los efectos finales como la participación directa de actores nacionales en la ejecución de proyectos financiados por la Cooperación Española. Tampoco existe planificación estratégica, ni un sistema de información integrado que mida los resultados y retornos conseguidos con la AOD, con esos 10.847M€, solo en el trienio 2021-2023, provenientes del Estado (9.649M€), de las CCAA (880M€) y de las Entidades Locales (281M€).
El reparto por regiones de esa AOD ha sido el siguiente: África se lleva el 29,6%, con 3.212M€. Le sigue América del Sur, Central y Caribe, con el 17,7% y 1.928M€. Después va Europa, con el 16,7% y 1.821M€ y, finalmente, Asia con el 13,6% y 1.471M€. El resto, unos 2.415M€ (21,9%) va para «países en vías de desarrollo sin especificar pudiendo comprender países de todos los continentes«. La AIREF concluye que la rendición mutua de cuentas es débil, que no hay transparencia en las cuentas, que no existe coordinación entre los países donantes para evitar duplicidades, que no se conoce a los beneficiarios finales, que no existe una gestión orientada a los resultados, que no existe una planificación estratégica para conseguir retornos… En definitiva, que no sabemos nada: ni donde acaba el dinero, ni qué se consigue, o no, con él, por lo que España, según la AIREF, «tiene un margen considerable para mejorar la aplicación de todos los principios de eficacia”.
Un informe que le abre los ojos a cualquiera que quiera ver que la AOD es otro chiringuito de la PPSOE intencionadamente ineficaz para ponerle ruedas a un montón de dinero público con el que los imperantes y su séquito se están poniendo de grana y oro. Al margen de todo lo denunciado por la AIREF –que tiene los días contados como organismo independiente– no se entiende que las CCAA y las Entidades Locales pongan dinero con destino internacional. No se entiende que la AEAT y la TGSS conozcan el destino de hasta el último euro que ganas o mueves y estos 10.847M€ solo en los últimos tres años –imaginaros la cantidad total desde que manda la PPSOE—vaguen por ahí sin ningún control. No se entiende la AOD se vaya fuera de España cuando dentro tenemos más de 3 millones de trabajadores extranjeros, particularmente de África y de Hispanoamérica, y cerca del 25% de la población de origen extranjero. No se entiende que dejen fuera a las empresas españolas y, en definitiva, no se entiende pagar unos impuestos altísimos para tirar el dinero después de esta manera. Acuérdate de todo esto cuando te llamen a votar.
