En esta falsa democracia no resulta difícil ver como los pájaros persiguen a las escopetas. Un ejemplo muy ilustrativo lo tenemos en la última acción del CGPJ que ha acordado remitir al ‘Promotor de la Acción Disciplinaria’ de dicho Consejo, las palabras del juez Peinado, a la sazón instructor del ‘Caso Begoña Gómez’, en el sentido de retirarle el pasaporte en el Auto de Medidas Cautelares, junto con comparecencias quincenales, aduciendo que los policías de su escolta podrían ayudarla a huir de España. O sea, que el juez Peinado –machacado por tierra, mar y aire por la cloaca del PSOE– también es perseguido por el CGPJ por haber tomado la medida cautelar lógica de retirada del pasaporte a una persona que dispone de los medios necesarios para sustraerse a la acción de la Justicia. ¿No son todos los ciudadanos iguales ante la Ley? ¿O es que Begoña Gómez está hecha de una pasta distinta de la de José Luis Ábalos al que también se le retiró el pasaporte sin que nadie dijera nada?
La elevación de su decisión jurisdiccional a la comisión disciplinaria correspondiente se tomó, para más inri, gracias al voto de calidad de la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, frente a la fuerte división entre los ‘vocales conservadores’ y los ‘vocales socialistas’ en la Comisión Permanente de dicho Consejo. Ahora será Ricardo Conde, como instructor del expediente disciplinario, el que tendrá que decidir si incoa diligencias informativas o directamente abre un expediente sancionador al juez Peinado por una falta grave del 418.5 LOPJ.
La acción del juez Peinado fue tomar una medida cautelar lógica cuando el acusado de delitos graves puede sustraerse a la acción de la Justicia. Sin embargo, donde ponen el acento es que en su argumentación elucubró con la posibilidad de que los policías que escoltan a la buena de Begoña pudieran ayudarla a fugarse. En palabras de Peinado: «se alega, por el letrado de la acusada, que dada su condición de esposa del actual Presidente Del Gobierno, ello implica que en todo momento se encuentre custodiada por miembros de los Cuerpos de Seguridad Del Estado, pero [de] lo que no cabe duda es [de] que esos agentes, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores, pueden ser precisamente quienes colaboren para facilitar esa fuga». Unas palabras que Marlaska, ministro del Interior, denuncia por el «cuestionamiento de la profesionalidad de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.
Por ello, la Comisión Permanente del CGPJ acordó «remitir copia del auto de 20 de junio de 2026 dictado por el juez titular de la plaza 41 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid en el procedimiento del Tribunal del Jurado 1146/2024, al Promotor de la Acción Disciplinaria para que valore si las expresiones contenidas en el mismo en las que se sugiere que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado podrían colaborar en la fuga de una persona investigada pudieran ser constitutivas de una falta grave de desconsideración prevista en el artículo 418.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial”, artículo que tipifica como falta grave «el exceso o abuso de autoridad, o falta grave de consideración respecto de los ciudadanos, instituciones, secretarios, médicos forenses o del resto del personal al servicio de la Administración de Justicia, de los miembros del Ministerio Fiscal, abogados y procuradores, graduados sociales y funcionarios de la Policía Judicial«.
Ya no saben cómo hacerse acreedores de sus nombramientos, o de futuros nombramientos, por un poder político que lo infecta todo. Lo peor de todo, es que el voto particular de los ‘vocales conservadores’ advierte que el CGPJ carece de competencia para examinar el Auto de Peinado en vía disciplinaria al tratarse de una decisión «estrictamente jurisdiccional y revisable únicamente por la vía ordinaria de los recursos que caben contra ella, sede natural en la que puede apreciarse una eventual ausencia, insuficiencia o desacierto de la motivación. Ese juicio revisor no es competencia del CGPJ por vía disciplinaria«, por lo que «cualquier actuación del CGPJ sobre este particular supondría inmiscuirse ilegítimamente en las competencias que únicamente corresponden a la Audiencia Provincial de Madrid en vía de recurso; afectando a los principios constitucionales de exclusividad de la jurisdicción y de independencia judicial”.
Esto es lo que pasa cuando se ponen comisarios políticos al frente de las instituciones. España necesita que, aunque te hayan puesto a dedo, ejerzas el cargo correspondiente con independencia, decencia y honradez, en lugar de seguir prostituyéndote para el que te colocó. Inténtalo en beneficio de todos tus compatriotas, tal y como lo hace el juez Peinado. Mientras tanto, la pregunta que surge es ¿quo vadis CGPJ?
